Una discusión en una cola de productos en el municipio San Luis, Santiago de Cuba, terminó en un altercado público que involucró a la fiscal María Elba Riera Limonta y a una ciudadana, quien inicialmente fue detenida y enfrentaba prisión provisional, hasta que la presión pública obligó a las autoridades a sustituir la sanción por una multa de 5,000 pesos, dejando en evidencia el trato desigual entre funcionarios y ciudadanos comunes.
De acuerdo con el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en la red social Facebook, la detenida, identificada como Anisleidis Calás, será liberada tras el pago.
La mujer permanecía detenida desde el pasado sábado, después de que un incidente en una cola de productos terminara en una acalorada discusión con Riera Limonta. Ambas se ofendieron y, según testigos, alteraron el orden público de manera similar. Sin embargo, la denuncia presentada por la funcionaria desencadenó un proceso judicial que inicialmente contemplaba prisión provisional para Calás Marange.
El activista Mayeta, radicado en Estados Unidos, expuso, además, que familiares de la acusada denunciaron que se trataba de un procedimiento desproporcionado y arbitrario, más aún teniendo en cuenta que la mujer presentaba problemas de salud y estaba bajo certificado médico por una condición de anemia y un proceso de operación pendiente.
Las bondades de la presión pública
La medida de prisión se mantuvo hasta que el caso comenzó a trascender. Ante la visibilidad, la Fiscalía Provincial revisó el expediente y decidió sustituir la sanción de cárcel por una multa de 5,000 pesos, lo que permitirá que la acusada recupere su libertad en las próximas horas.
¿Y la fiscal?
Si bien la mujer fue sancionada, queda en el aire la incógnita sobre la responsabilidad de la fiscal María Elba Riera Limonta, quien también participó en el altercado y, según los presentes, incurrió en los mismos actos de ofensa y alteración del orden público.
“Las dos se pusieron al mismo nivel”, señalaron testigos, quienes cuestionan por qué la ley solo se aplica a una de las partes mientras la otra, al ser funcionaria, parece quedar exenta de cualquier consecuencia.
Este episodio ha puesto en evidencia lo que muchos cubanos denuncian a diario: la diferencia en el trato que reciben los ciudadanos comunes frente a los funcionarios del sistema. Para los familiares de Anisleidis, la liberación representa un alivio, pero insisten en que se trata de un ejemplo más de cómo el poder intenta imponerse por encima de la justicia.
