La noticia del momento en La Habana tiene nombre propio: Todotuti, una tienda privada ubicada en Diez de Octubre, que terminó clausurada tras un operativo de la Dirección Provincial de Comercio. ¿El motivo? Supuestas “irregularidades” detectadas durante una inspección, que ya se ha vuelto el pan de cada día contra los negocios privados en Cuba.
El cierre no vino solo. La trabajadora que se encontraba al frente del establecimiento recibió una multa de 30 mil pesos —sí, 30 mil— y la orden de bajar las puertas del local durante siete días. Y para rematar, le advirtieron que si no cumple la sanción, podrían iniciar un proceso por “desobediencia”. Nada más y nada menos.
¿Qué pasó realmente en Todotuti?
Según el periódico oficial Tribuna de La Habana, la intervención se originó tras la denuncia de una vecina que alegó que el negocio no aceptaba pagos por transferencia. Algo curioso, porque este tipo de pago digital es justo lo que muchos clientes evitan debido a la desconfianza en el sistema bancario cubano y las restricciones del famoso esquema de Cuentas Bancarias Fiscales (CBF).
Pero no quedó ahí. Los inspectores también reportaron supuestas violaciones de precios. Por ejemplo, detectaron que el pollo troceado se vendía a 350 pesos la libra, mientras el precio oficial es de 312. Además, acusaron al negocio de comercializar productos vencidos, como mermeladas y sorbetos.
La dueña en EE. UU. y la falta de papeles
Un detalle que llamó mucho la atención fue que, según el informe, la dueña del negocio reside en Estados Unidos y no contaba con licencia sanitaria ni documentos fiscales al día. Durante la inspección, los funcionarios levantaron el acta de cierre, mientras la empleada esperaba la notificación de la multa que ya corre como pólvora en redes sociales.
La ofensiva contra los privados no se detiene
Carlos Alberto Suárez Leyva, jefe de Atención a las formas de Gestión no Estatal, declaró que estos controles continuarán “para garantizar el cumplimiento de lo legislado” y que actuarán con “firmeza” ante cualquier violación. El discurso suena bien en el papel, pero la realidad es que cada vez más cuentapropistas se sienten asfixiados por las reglas y el hostigamiento.
No es un hecho aislado. En lo que va de 2024, el sector privado ha recibido más de 600 millones de pesos en multas, muchas veces por supuestas violaciones de precios en un mercado donde la escasez marca la pauta y el Estado no logra garantizar el abastecimiento básico.
¿Quién paga los platos rotos?
Con la clausura de Todotuti, queda claro que las inspecciones golpean directamente a los pequeños empresarios que, en la práctica, son quienes sostienen buena parte del consumo diario en Cuba. Entre multas, cierres y exigencias absurdas, la presión sobre los negocios privados sigue creciendo, mientras los cubanos de a pie se preguntan: ¿habrá alguien que realmente salga beneficiado con estas medidas?
