En Baracoa, provincia de Guantánamo, las autoridades del Minint volvieron a hacer de las suyas, ocupando al menos una veintena de motos y motorinas en un operativo que huele más a recaudación de fondos que a preocupación por la seguridad vial. Según la información divulgada por la página oficialista Guantánamo y su verdad, los vehículos están retenidos en la Dirección Municipal de Transporte, y sus dueños deberán pagar nada menos que 1,000 pesos diarios para recuperarlos. Un verdadero abuso.
El reporte indica que dos conductores fueron acusados de “desobediencia” por reincidir en conducir sin licencia, mientras al resto les cayeron encima multas y advertencias. Pero la gente no se quedó callada. En redes sociales, llovieron críticas contra las autoridades por su estilo represivo y su falta de medidas preventivas.
“Si sacar una licencia en Baracoa no fuera tan complicado, no habría tanta gente manejando sin papeles”, comentó un usuario, reflejando el sentir de muchos. Otro apuntó que, aunque es lógico exigir licencias, primero se debería haber hecho un trabajo educativo antes de lanzarse a decomisar vehículos y vaciarle los bolsillos a la gente.
La indignación creció cuando algunos compararon la situación con otros países, donde la sanción suele ser mucho más razonable. “Aquí en el capitalismo cruel y salvaje, si tienes todos los papeles del vehículo en regla, solo multan al conductor y punto”, señaló otro cubano que vive fuera de la isla.
Además, muchos desconfían del destino del dinero recaudado, convencidos de que irá directo a los bolsillos de alguien dentro del aparato estatal. En un país donde la corrupción campea y la falta de transparencia es ley, estas operaciones terminan viéndose como otra vía para exprimir al pueblo, no para protegerlo.
El régimen, por su parte, sigue culpando a los conductores de los accidentes de tránsito, sin reconocer el caos vial, la falta de infraestructura adecuada y la ausencia de programas preventivos efectivos. Según cifras oficiales, los incidentes con motos y ciclomotores aumentaron un 3 % en comparación con el año anterior, mientras las autoridades se limitan a responsabilizar al pueblo sin asumir su propia negligencia.
Incluso reconocen que muchos de estos conductores son menores de edad y que algunos alteran las motos eléctricas para alcanzar mayor velocidad. Pero en lugar de atacar las causas del problema, prefieren imponer multas, sanciones y decomisos como si fueran la solución mágica.
Esta política de “resolver todo a golpe de castigo” ya es vieja en Cuba. Las leyes sobre licencias para motorinas, las restricciones absurdas sobre piezas compradas en mipymes y las prohibiciones para legalizar motos ensambladas de manera independiente son ejemplos claros de cómo el régimen controla hasta el último tornillo de lo que el cubano intenta hacer para sobrevivir.
