Un fallo reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos, emitido el 23 de julio, está levantando preocupaciones entre la comunidad de opositores cubanos que buscan refugio en territorio norteamericano. El caso, conocido como Matter of OYAE, revocó la protección que un juez había concedido en diciembre de 2024 a una ex teniente de la Contrainteligencia venezolana bajo la Convención contra la Tortura.
La ex oficial alegaba que, si era deportada, podía ser encarcelada y sometida a torturas en su país. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional apeló la decisión y logró que se anulara, argumentando que las amenazas que ella recibió ocurrieron hace años y que durante los últimos tres que vivió en Venezuela no sufrió daños ni intimidaciones directas.
Preocupación para los casos cubanos
El abogado Willy Allen, en declaraciones a CiberCuba, advirtió que esta sentencia “puede complicar seriamente” los casos de asilo de opositores cubanos. Según la interpretación de la Junta, haber sido detenido o acosado por la policía política más de tres años antes de salir de la Isla no bastaría para probar un riesgo real de persecución en el futuro.
Este criterio afecta directamente a 13 activistas cubanos y una menor de edad, hija del preso político José Daniel Ferrer, quienes se encuentran en una situación migratoria vulnerable y temen ser deportados.
Denuncia de activistas y pedido urgente
En mayo, la activista Anamely Ramos, participante de la huelga de San Isidro, difundió en redes sociales una carta firmada por varios opositores, entre ellos Omara Ruiz Urquiola, Oscar Casanella, El Funky y Esteban Lázaro Rodríguez López, además de la niña Daniela Patricia Ferrer Reyes.
La misiva, dirigida al senador Marco Rubio, a congresistas de Florida y a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exige una solución migratoria que evite la revictimización de quienes ya han sufrido la represión del régimen cubano.
Los firmantes recalcan que su exilio tiene un carácter político y forzado, recordando que muchos recibieron ultimátums para abandonar Cuba o fueron excarcelados únicamente para ser expulsados. “El castrismo está vaciando el país de su oposición pacífica como estrategia represiva”, denuncian.
Un contexto cada vez más complicado
La carta también llama la atención sobre el cierre, en 2017, del programa estadounidense de admisión de refugiados políticos para cubanos, que no ha sido reactivado ni siquiera después de la reapertura de la Embajada en La Habana en 2022.
Según los opositores, esto ha provocado que los casos políticos se pierdan entre la ola masiva de migración cubana, incluyendo a quienes llegan a través de vías irregulares o del llamado parole humanitario, un programa que no ofrece la misma protección que el antiguo mecanismo de refugio.
El mensaje de los activistas es claro: si no se reconocen las raíces políticas del exilio cubano, el régimen seguirá reprimiendo y forzando a la disidencia al destierro, mientras las víctimas corren el riesgo de ser devueltas a las garras de quienes las persiguieron.
