La cúpula del régimen cubano sigue evitando hablar sobre Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía, acusado de corrupción hace más de un año. Sin embargo, este miércoles volvió a usar la televisión estatal para montar su show propagandístico de “lucha anticorrupción”, esta vez exhibiendo nombres, delitos y condenas para desviar la atención.
En una nueva edición del programa oficialista Hacemos Cuba, Humberto López anunció que la exdirectora provincial de Finanzas y Precios de Pinar del Río recibió una condena de 15 años de cárcel. Según el guion televisivo, la funcionaria estuvo involucrada en una trama de desvío de fondos estatales, falsificación de documentos y tráfico de influencias.
Este caso, calificado como uno de los “más graves” abordados públicamente, mostró cómo una alta funcionaria se llenó los bolsillos con recursos del pueblo, mientras beneficiaba a empresas privadas amigas con contratos millonarios por servicios que jamás se prestaron.
Humberto López, en su habitual tono de indignación fingida, soltó la frase: “Están jugando con dinero que no es de ellos”, y añadió que estas personas tenían la confianza del pueblo para administrar fondos públicos. Una declaración que suena a burla, considerando que la corrupción está enquistada en todas las estructuras del régimen.
El vicecontralor general Reynold Pérez Fonticoba detalló que la acusada movió irregularmente más de 2 millones de pesos hacia una mipyme que supuestamente debía brindar servicios de lavandería y reparación de muebles para un hogar de ancianos. Dichos trabajos nunca se realizaron, pero el dinero desapareció.
Además, la funcionaria llegó a embolsarse 40,000 pesos en efectivo, mientras un subdirector implicado se llevó otros 30,000. Se reveló también que se permitía el acceso remoto a su computadora para ejecutar movimientos financieros ilegales.
Según el vicefiscal general Reinaldo Cruz Rivera, se probaron cinco delitos graves: malversación, falsificación de documentos, violación de la seguridad informática, tráfico de influencias y revelación de información clasificada.
El tribunal provincial aceptó la solicitud de la fiscalía y dictó 15 años de cárcel para la directora, 10 años para su subdirector y 8 años para un trabajador por cuenta propia implicado en la falsificación de facturas. El caso aún está en fase de casación ante el Tribunal Supremo.
Mientras tanto, el silencio sobre Alejandro Gil es ensordecedor. ¿Por qué no aparece su nombre en estas emisiones? La respuesta es simple: el régimen protege a los suyos cuando pertenecen a la élite. Lo demás es puro teatro para convencer a un pueblo cada vez más incrédulo.
