El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, volvió a hacer de las suyas en redes sociales. Con su típico tono triunfalista aseguró que la revolución había acabado con las desapariciones y las torturas en Cuba. Pero mientras él lanza mensajes de “compromiso con los derechos humanos”, los opositores en la isla siguen denunciando arrestos arbitrarios, violencia policial y periodos en los que nadie sabe dónde están. Una contradicción que salta a la vista.
Porque sí, en Cuba las desapariciones forzadas no son un invento de “la propaganda enemiga”. Más de una vez, activistas y ciudadanos comunes han sido detenidos sin orden judicial y mantenidos incomunicados durante horas —a veces hasta días— sin que la familia tenga idea de dónde se encuentran. Una práctica que contradice todo lo que el canciller intenta venderle al mundo.
En su cuenta de X, Bruno Rodríguez escribió que “el derecho a la vida” es el eje central del sistema cubano y que el país mantiene un compromiso total contra las desapariciones. Pero basta con ver lo que ocurrió el 26 de agosto en La Habana para darse cuenta de que las palabras no coinciden con los hechos.
Ese día, la activista Yamilka Laffita, conocida en redes como Lara Crofs, fue interceptada por la Policía Nacional Revolucionaria cuando viajaba en un carro tras salir de la casa del humorista Jorge Fernández Era. Según testigos, tras su arresto se desconocía completamente su paradero. Horas más tarde fue liberada, pero denunció que la detención fue violenta y hasta terminó con una lesión en el pie.
El caso de Fernández Era tampoco se queda atrás. En julio, denunció haber sido golpeado y amenazado de muerte por oficiales de la Seguridad del Estado. Lo más indignante es que, cuando intentó denunciar a sus agresores en la estación policial, simplemente le dijeron que eran “daños menores”. Y eso que llevaba un certificado médico con lesiones en rostro, costillas y espalda. Con ironía amarga, él mismo comentó que la próxima vez los represores deberían “esforzarse más y sacarle un ojo”.
Pero no todo queda ahí. A mediados de agosto, el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana reportó la desaparición del preso político Mario Alberto Hernández Leyva, del Movimiento Opositores por una Nueva República. Estuvo más de 48 horas sin que se supiera dónde estaba.
Y si retrocedemos un poco más, encontramos la misma historia repetida: en enero de 2023, el médico y opositor Oscar Elías Biscet fue detenido sin aviso y su esposa pasó horas sin saber dónde lo tenían. Antes, en abril de 2022, ocurrió lo mismo con Carlos Ernesto Díaz González (Ktivo Disidente), arrestado tras una protesta pacífica en el Boulevard de San Rafael y desaparecido durante un tiempo.
En resumen, el contraste es brutal. Mientras el canciller Bruno Rodríguez se esfuerza en maquillar la imagen del régimen en foros internacionales, dentro de la isla los opositores viven bajo un sistema que los persigue, silencia y desaparece temporalmente para sembrar miedo. Un doble discurso tan descarado que ya ni siquiera sorprende.
