Un joven de apenas 24 años fue sentenciado a ocho años de prisión en Santiago de Cuba por el supuesto delito de tráfico de drogas, en un juicio que el régimen presentó como “ejemplarizante” para sembrar miedo en la población.
Según un reporte del canal oficialista Tele Turquino, el muchacho habría estado vinculado a la venta de marihuana y cocaína. Pero más allá de la acusación, lo que resalta es cómo las autoridades utilizan estos casos para mostrar un sistema judicial que castiga con mano dura mientras ignora la corrupción y el tráfico a gran escala, que casi siempre involucra a altos funcionarios.
Un registro cuestionable
El operativo ocurrió el 12 de septiembre de 2024, cuando agentes de la Dirección Nacional Antidrogas allanaron la vivienda del joven en la calle Estrella núm. 99, reparto Jiménez, Santiago de Cuba. Allí dijeron encontrar pequeñas cantidades: apenas 10,94 gramos de marihuana y 1,26 gramos de crack, además de utensilios con rastros de cocaína.
El informe oficial asegura que el acusado “mezclaba marihuana con picadura vegetal para fabricar cigarros y usaba cocaína para producir crack”. Pero la realidad es que, en Cuba, cualquier hallazgo mínimo es magnificado por la prensa estatal para justificar castigos extremos.
Otro caso, la misma estrategia
En junio, una mujer venezolana de 64 años también fue condenada en Santiago por tráfico de drogas tras un juicio oral en el tribunal provincial. Nuevamente, el régimen destacó el “carácter ejemplarizante” de la sentencia, como si con ello resolvieran los problemas de fondo en la Isla.
Más sanciones y más control
La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba difundió la noticia en Facebook y dejó claro que esto responde a la política de “Tolerancia Cero”, que no es más que un pretexto para imponer sentencias desmedidas y mantener el control social.
Por si fuera poco, el Tribunal Supremo Popular anunció que endurecerá aún más las sanciones, alertando sobre el crecimiento de drogas sintéticas, especialmente en La Habana. Ahora, ni siquiera será necesario que alguien tenga una libra de droga para ser juzgado bajo la categoría de “cantidades relativamente grandes”. Bastará con que un peritaje del propio sistema diga que es altamente tóxica y que puede afectar la salud pública, dejando la puerta abierta a procesos arbitrarios.
