El castrismo sigue tirando la toalla con su aparato económico. Ahora, en Rafael Freyre, Holguín, el gobierno lanzó un nuevo proceso de licitación para que trabajadores por cuenta propia y cooperativas se hagan cargo de varios bares estatales que llevan años en decadencia.
La Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía del territorio está pidiendo propuestas para arrendar cuatro locales que alguna vez tuvieron vida propia: Bar Nueva Onda (Juan Cantares), Bar Bajo el Cerro, Bar El Mango (Punto Fijo) y Bar Sao Redondo (Melones).
En la convocatoria se exige presentar proyectos en sobres sellados, con presupuesto, descripción de actividades, posibles reparaciones y hasta planes de publicidad con carteles y música. O sea, todo lo que el Estado jamás hizo para mantenerlos en pie.
Licitaciones como parche de un modelo fracasado
El plazo de entrega se extendió hasta el 30 de agosto, y dicen que se priorizarán proyectos que preserven “los servicios básicos” y fomenten tradiciones culturales. También piden energías renovables y aporte social, aunque está claro que la movida no es por amor al arte: el Estado no tiene cómo mantener lo que dejó caer en pedazos.
Este tipo de “reordenamiento” no es nuevo. Ya en 2023 se subastaron espacios en el aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba, y en junio de 2025 se anunció la entrega de áreas del Malecón habanero a la gestión privada. En todos los casos, las críticas reventaron las redes: ¿quién garantiza la seguridad jurídica? ¿quién protege la inversión si mañana al régimen le da por quitarte todo?
Negocios que nacen sobre ruinas
Los bares de Rafael Freyre, que en otros tiempos fueron puntos de encuentro y fiesta, hoy son cascarones vacíos. Si vuelven a la vida será gracias a vecinos y emprendedores que decidan arriesgar su dinero. Pero la incertidumbre legal, los costos de inversión y la arbitrariedad del régimen pesan más que el entusiasmo. Como dijo un cuentapropista sobre la licitación del Malecón: “puedes dejarlo todo lindo, pero si mañana te botan, pierdes hasta la camisa”.
Una señal más del naufragio económico
En 2022, la ministra Betsy Díaz Velázquez reconoció que el comercio estatal necesitaba una transformación profunda porque las unidades con más autonomía funcionaban mejor. Tres años después, la realidad es clara: las licitaciones son un salvavidas en medio del naufragio de un sistema incapaz de sostener lo básico.
La pregunta sigue en el aire: ¿estas concesiones traerán prosperidad real o serán otro parche para que el régimen sobreviva un rato más mientras sigue desmantelando el país?
