Lo que parecía un trámite migratorio terminó convertido en un escándalo internacional. Un cubano deportado por la administración de Donald Trump lleva ya siete semanas encerrado en una prisión de máxima seguridad en Esuatini, un pequeño reino africano que todavía funciona bajo una monarquía absoluta. Lo más grave: no tiene cargos, no puede hablar con abogados y está completamente en el limbo legal.
El caso fue destapado por la agencia AP y muestra las grietas de un programa que ha generado críticas en todo el mundo: las deportaciones a terceros países. Este mecanismo, impulsado desde Washington, permite enviar a migrantes no aceptados por sus países de origen a naciones con las que no tienen vínculo alguno. El problema es que, como ocurre ahora, todo se hace en secreto, sin reglas claras y dejando a las personas en condiciones extremas.
El cubano no está solo. Forma parte de un grupo de cinco hombres enviados en julio a Esuatini. Los otros proceden de Yemen, Jamaica, Laos y Vietnam. Todos están presos en el Complejo Correccional de Matsapha, cerca de la capital Mbabane. Hasta ahora, ningún abogado ha podido hablar con ellos. Las autoridades penitenciarias dicen que la única autorización válida debe venir de la embajada de Estados Unidos. Y claro, eso genera una pregunta incómoda: ¿desde cuándo la embajada gringa manda sobre las cárceles de otro país?
El antecedente del cubano explica parte de la historia. Según documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cumplió condena en EE.UU. por delitos graves como asesinato en primer grado, agresión a un policía y pertenencia a la pandilla Latin Kings. Con este perfil, Cuba se negó a recibirlo, aunque en teoría debería hacerlo por los acuerdos migratorios existentes. Esa negativa abrió la puerta a su traslado a un país que nada tiene que ver con él cultural ni jurídicamente.
Lo más preocupante es que no se trata de un caso aislado. En mayo, otros dos cubanos fueron enviados a Sudán del Sur, uno de los países más peligrosos del planeta. Y tras el aval de la Corte Suprema de EE.UU. a este tipo de deportaciones, la Casa Blanca ya ha extendido el programa a lugares como Ruanda y negocia con Uganda. En pocas palabras: se trata de un sistema que convierte a naciones vulnerables en depósitos de migrantes rechazados.
El futuro de este cubano en Esuatini es incierto. Está bajo régimen de aislamiento en la misma prisión donde han encerrado a activistas prodemocracia. Organizaciones locales advierten que el acuerdo con Washington convierte al país en “vertedero de criminales extranjeros”, mientras que familiares y defensores temen lo peor: una detención indefinida, sin juicio y sin derechos básicos.
