En medio de las operaciones más duras contra inmigrantes con historial criminal, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la captura de Vicente López-Padilla, un cubano de 63 años condenado nada menos que a 60 años de cárcel por el asesinato de un niño de 8 años. Su nombre vuelve a los titulares tras ser ubicado y detenido nuevamente en Estados Unidos.
Según el reporte oficial de ICE, la detención ocurrió este martes durante una operación que se enfocó en inmigrantes ilegales con delitos graves a sus espaldas. Y vaya que López-Padilla tiene un prontuario escalofriante: además de la condena de 60 años en Illinois, también había sido sentenciado en Florida por homicidio doloso en el condado de Miami-Dade, lo que le costó otros 10 años de prisión.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó la operación como un golpe contundente contra algunos de los delincuentes “más peligrosos” en situación irregular dentro de EE. UU. Y no se quedaron cortos con las palabras: junto a López-Padilla fueron arrestadas otras personas con antecedentes por crímenes pesados como distribución de pornografía infantil, robo a bancos, agresión y tráfico de drogas.
ICE aprovechó la ocasión para reafirmar su política de “tolerancia cero”: identificar, detener y deportar a cualquier extranjero con historial criminal que represente una amenaza directa para la seguridad pública. Bajo la administración Trump, estas operaciones se multiplicaron, apuntando con especial fuerza a inmigrantes indocumentados.
Florida fue escenario de varios arrestos adicionales esta misma semana. En Tampa, agentes de ICE capturaron a Gilberto Michael Marrero Henríquez, un cubano de 40 años residente ilegal desde 2015. Su récord incluía múltiples condenas: DUI (manejo bajo los efectos del alcohol), fraude, robo mayor, violaciones de libertad condicional y un largo listado de delitos de tránsito.
Ese mismo equipo también arrestó a Noslen Hernández Guerra, de 39 años, condenado anteriormente por fraude electrónico, robo de identidad, lavado de dinero y posesión de herramientas de falsificación. Aunque ya había sido juzgado en 2017, Hernández estaba sujeto a una orden final de deportación desde 2016, pero permanecía en EE. UU. de manera ilegal.
El gran dilema surge cuando Cuba no acepta el retorno de estos criminales. En esos casos, EE. UU. ya no está limitado a deportarlos únicamente a la Isla. Un fallo de la Corte Suprema eliminó viejas restricciones judiciales y permitió al gobierno enviar a estos migrantes a terceros países, aun cuando aleguen riesgos de tortura o muerte.
Así, en los últimos años algunos deportados han sido enviados a lugares tan inesperados como Sudán del Sur, Esuatini o Ruanda, desatando polémica por la falta de transparencia, denuncias de violaciones de derechos humanos y la casi inexistente posibilidad de una defensa legal adecuada.
Lo cierto es que, más allá de la geopolítica, el caso de López-Padilla es un recordatorio de cómo ICE está redoblando esfuerzos para sacar de las calles a quienes consideran los criminales más peligrosos dentro del universo migrante en Estados Unidos.
