¡Otro operativo de ICE en Florida vuelve a poner a los cubanos indocumentados en el centro de la polémica! Esta semana, dos ciudadanos fueron detenidos en medio de la ofensiva migratoria que mantiene la administración de Donald Trump contra quienes tienen un historial delictivo en Estados Unidos. Y lo que está generando más debate no es solo el arresto, sino el destino incierto que podrían enfrentar estos migrantes.
Desde la oficina de Ejecución de Operaciones de Remoción (ERO) en Miami se informó que el primero de los arrestados fue Gilberto Michael Marrero Henríquez, de 40 años, quien llevaba en el país de manera ilegal desde 2015. Marrero acumulaba un historial que incluye DUI (manejo bajo los efectos del alcohol), fraude, robo mayor, violaciones de libertad condicional y varios delitos de tránsito.
Pero no fue el único. En Tampa, otro equipo de ERO detuvo a Noslen Hernández Guerra, de 39 años, condenado previamente por fraude electrónico, robo de identidad, lavado de dinero y posesión de herramientas de falsificación. Aunque ya había sido juzgado en 2017, tenía pendiente desde 2016 una orden final de deportación, que ignoró permaneciendo en el país.
Estos casos no son hechos aislados. Se dan en un momento de máxima tensión en la política migratoria estadounidense, donde la estrategia es clara: sacar de circulación a los indocumentados con récord criminal. Sin embargo, lo que preocupa a muchos es a dónde terminan siendo deportados, ya que Cuba, en la práctica, no acepta a quienes consideran demasiado “peligrosos”.
👉 Y aquí viene lo más delicado. Apenas días atrás se conoció el caso de otro cubano deportado en julio a Esuatini, un país africano gobernado por una monarquía absoluta. Allí lleva siete semanas encarcelado sin cargos ni acceso a abogados. Según ICE, este hombre había sido condenado en EE. UU. por asesinato y vínculos con pandillas, pero lo que pasa tras su expulsión es un vacío legal y humanitario que ya preocupa a defensores de derechos humanos.
Esta práctica se respalda en una decisión de la Corte Suprema, que en junio autorizó al gobierno a enviar migrantes a terceros países incluso cuando aleguen riesgo de tortura o muerte. Desde entonces, han sido enviados a lugares tan lejanos como Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda, desatando críticas por la falta de garantías básicas.
Mientras tanto, ICE insiste en que estas detenciones son parte de su misión de “proteger la seguridad pública”. En su comunicado, la agencia destacó que los arrestos de Marrero y Hernández son una muestra de su “compromiso de localizar y remover individuos con antecedentes criminales”.
El problema es que Cuba sigue desentendiéndose de sus nacionales con delitos graves, pese a los acuerdos migratorios firmados con Washington. Esto obliga a EE. UU. a buscar “soluciones” que terminan siendo más un exilio forzado a países sin lazos culturales ni legales con los migrantes.
Para expertos legales y organizaciones humanitarias, lo que está pasando es un peligroso precedente: usar a naciones vulnerables como “depósitos de indeseables”, sin importar que detrás haya vidas humanas enfrentando prisión indefinida, desarraigo y condiciones inhumanas.
