La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar levantó la voz otra vez contra los negocios turbios que le dan oxígeno al castrismo. Esta vez pidió directamente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que meta la lupa en varias empresas radicadas en el sur de la Florida, señaladas como posibles canales de financiamiento para el régimen cubano.
Según un reporte de Telemundo 51, Salazar presentó una relación de 11 compañías que, bajo la fachada de ofrecer servicios como envíos a Cuba, remesas puerta a puerta o venta de automóviles, estarían en realidad sirviendo de salvavidas económico a La Habana. En palabras de la congresista, se trata de negocios que se disfrazan de legítimos, pero que en la práctica terminan siendo “tapes del régimen”, es decir, fachadas al servicio de la dictadura.
Salazar fue clara: “No se puede permitir que Miami le dé oxígeno al aparato represivo castrista”. La legisladora insistió en que ya hay un compromiso del Tesoro de revisar estos casos, porque hacer negocios con el castrismo desde territorio estadounidense no solo es inmoral, sino que también viola las leyes del embargo.
La republicana aprovechó además una audiencia del Comité de Servicios Financieros del Congreso para recordar que miles de cubanos en el sur de la Florida tuvieron que escapar de la represión y que ahora exigen coherencia: que se haga cumplir la ley contra cualquiera que, de manera directa o encubierta, siga llenando los bolsillos del régimen.
Por ahora, el Tesoro no ha dado declaraciones oficiales sobre el inicio de la investigación, pero Salazar insiste en que la promesa está hecha. Y no está sola en esta cruzada. El congresista Carlos Giménez y el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, también se han comprometido a cortar los lazos económicos que aún atan al sur de la Florida con La Habana. Fernández, incluso, lanzó una advertencia directa a los empresarios: “Llegó el momento de decir basta aquí en el sur de la Florida”.
Este caso puede reavivar el debate sobre los negocios permitidos entre compañías de Estados Unidos y entidades que operan en Cuba. En un escenario donde la administración de Donald Trump marcó una línea dura contra la dictadura, el tema vuelve a cobrar fuerza.
La pregunta que queda flotando es simple: ¿permitirá Washington que en pleno 2025 existan negocios que funcionen como venas abiertas para la tiranía cubana, o finalmente se cerrará ese grifo que mantiene viva a la maquinaria represiva de La Habana?
