El régimen volvió a mostrar su rostro represivo en Santiago de Cuba. El Tribunal Municipal Popular condenó a Julio César Duque de Estrada Ferrer, de 56 años, a cuatro años y seis meses de cárcel por algo tan simple como grabar con su celular una cola para comprar gas licuado. La sentencia lo acusa de desobediencia y atentado, en lo que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calificó como una nueva farsa judicial.
Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 2024. Duque de Estrada filmaba la aglomeración en la cola cuando apareció el oficial de la contrainteligencia Mario Raciel Soulary Garcés, quien se identificó como militar y le ordenó dejar de grabar y mostrar el carné de identidad. Según la versión oficial, el ciudadano se negó, insultó al agente y lo golpeó en medio de un forcejeo. Sin embargo, para el OCDH todo el relato huele a montaje: “es costumbre que los agentes de la Seguridad del Estado repriman con violencia y después se hagan las víctimas”, señaló la organización con sede en Madrid.
El tribunal estuvo compuesto por los jueces Irina Díaz Delis, Hugo Liens Martínez y Noelia Rodríguez Martínez, quienes respaldaron el libreto de la policía política. Pero el OCDH fue claro: filmar una fila para comprar gas licuado no es, de ninguna manera, una amenaza para la seguridad nacional. De hecho, recordaron que la intervención del oficial no tenía ninguna justificación legal ni profesional, por lo que todo lo que vino después —la detención, el uso de la fuerza y la imputación de delitos— es un acto extralegal, ilegal e inconstitucional.
El organismo de derechos humanos también criticó la desproporción del caso: exigir que dejara de grabar y guardara el teléfono significó un ataque directo a la libertad de expresión y de información, derechos reconocidos en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Cuba firmó, pero nunca respeta. “El oficial no tenía fundamento jurídico para prohibir la filmación ni para exigir el carné de identidad. La reacción de Duque de Estrada, si la hubo, fue consecuencia del mal obrar abusivo e ilegal del agente estatal”, insistió el OCDH, recordando incluso que sentencias pasadas del Tribunal Supremo han reconocido esta lógica.
Antes de la condena, la Fiscalía había pedido una sanción aún más severa: cinco años y medio de prisión, con la suspensión de derechos civiles y políticos. Finalmente, el tribunal redujo la cifra, pero el castigo se mantiene como un mensaje de intimidación.
Duque de Estrada permanece encerrado en la prisión de Aguadores. Es padre de Dairon Duque Estrada Aguilera, uno de los jóvenes encarcelados tras el 11J de 2021, lo que convierte su caso en un ejemplo claro de cómo el régimen persigue incluso a las familias de quienes se atreven a cuestionar al poder. Aunque no pertenece a organizaciones políticas, su carácter crítico lo puso en la mira de la Seguridad del Estado.
El OCDH exige su liberación inmediata y recuerda que grabar en un espacio público no constituye delito. El caso desnuda la paranoia del castrismo, más preocupado por esconder colas, apagones y miseria, que por dar soluciones reales a un pueblo que sobrevive entre carencias y represión.
