En Pinar del Río, la policía ha montado un despliegue para frenar las carreras ilegales de motos y caballos que llevan meses tomando las calles de la ciudad y de los municipios cercanos. El régimen vende la operación como un plan para proteger la seguridad vial y la tranquilidad ciudadana, pero en realidad se trata de otro parche improvisado que no resuelve nada de raíz.
El propio diario Granma sacó pecho con el operativo, hablando de multas, detenidos y vehículos decomisados. El teniente coronel Reivan Vázquez Rodríguez, jefe de la PNR en la provincia, aseguró que ya se han “tomado medidas contundentes”. Sin embargo, la realidad es que estas competencias se han hecho frecuentes en lugares tan visibles como la pista de aviación en la carretera a La Coloma, el Vial Colón, la calle Martí y hasta la autopista nacional. O sea, no es que no supieran, es que miraron para otro lado hasta que el problema se les fue de las manos.
El propio oficial reconoció lo peligroso del fenómeno. Mencionó, por ejemplo, cuando un grupo de personas cerró la carretera para echar a correr caballos, bloqueando incluso el paso de un carro que llevaba a una niña herida al hospital. Ese es el retrato de la Cuba de hoy: caos, violencia y una autoridad incapaz de poner orden hasta que ya es demasiado tarde.
El régimen también admitió que hay caballos entrenados para competir y que sus dueños en el extranjero reciben los videos. Es decir, mientras el pueblo no tiene transporte ni seguridad en las calles, hay toda una red clandestina funcionando a plena vista. Para responder, armaron un “equipo especializado” con motos y patrullas, pero todos saben que esas medidas duran lo que dura la nota en la prensa oficialista.
El operativo incluyó otras acciones paralelas: perseguir motoristas sin licencia, decomisar motorinas con escapes alterados, sancionar a los que ponen música alta, y de paso, hablar de delitos como el hurto de ganado o la extracción de cabillas. El discurso es el mismo de siempre: mezclarlo todo para aparentar control y dar la impresión de que el Estado protege al ciudadano, cuando en realidad no ataca las causas reales de la violencia ni la inseguridad.
El fenómeno de las carreras ilegales no es nuevo ni exclusivo de Pinar del Río. En varias provincias del país, jóvenes y motoristas han denunciado que no tienen un espacio legal para practicar el automovilismo o las competencias mecánicas. Incluso algunos pilotos han propuesto convertirlo en un deporte oficial, pero el régimen prefiere prohibirlo y perseguirlo antes que organizarlo con seguridad.
