El circo político del régimen volvió a mover sus piezas. La Asamblea Nacional del Poder Popular, ese “parlamento” que solo existe para aplaudir, aprobó una reforma constitucional que elimina el límite de 60 años para aspirar a la presidencia en un primer mandato.
El cambio, publicado en la Gaceta Oficial, borra de un plumazo el párrafo del Artículo 127 de la Constitución que ponía un freno etario al cargo más alto del país. A partir de ahora, basta con tener más de 35 años, ser cubano de nacimiento, no tener doble ciudadanía y, por supuesto, mantener los derechos políticos que el propio régimen reparte y quita a su conveniencia.
El Consejo de Estado justificó la jugada con un discurso reciclado sobre “institucionalidad” y “garantizar el futuro de la Revolución”. Según ellos, resultaba “injusto” cerrar las puertas a mayores de 60 que, con “fidelidad probada” y “trayectoria política”, podrían seguir cargando la antorcha del castrismo. En buen cubano: se trata de abrir espacio a la vieja guardia para que se mantenga en el poder sin límites constitucionales.
El texto aprobado dice sin tapujos que el límite anterior se convertía en un obstáculo para personas “en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales” y con experiencia y compromiso con la patria. Como siempre, todo adornado con frases grandilocuentes, pero con un único objetivo: garantizar que los de siempre sigan al mando.
La Asamblea, fiel a su papel de marioneta, respaldó la iniciativa con “mayoría calificada” y una Comisión de Estilo le pasó un retoque de maquillaje antes de que Miguel Díaz-Canel la refrendara. La norma entra en vigor de inmediato, y el Ministerio de Justicia deberá actualizar la Constitución como si se tratara de cambiarle la portada a un folleto.
El trasfondo es evidente: el cambio constitucional no responde a las necesidades del pueblo, sino a las urgencias de la cúpula gobernante. Raúl Castro ya había pedido revisar el tema, y el Buró Político del Partido Comunista lo bendijo antes de llegar al plenario. Nada se mueve en la isla sin que el general lo apruebe primero.
La “reforma” ocurre justo cuando Díaz-Canel, que ya pasó los 65 años, se acerca al final de su segundo mandato en 2028. Aunque en el discurso oficial juran que no se trata de un traje a la medida, la maniobra le abre la puerta a una eventual reelección sin obstáculos legales.
En un país con apagones diarios, hambre, migración masiva y un pueblo cada vez más cansado, la dictadura sigue obsesionada con lo mismo: asegurar la eternidad de la élite en el poder, aunque para ello tengan que retorcer la Constitución una y otra vez.
