El régimen cubano volvió a demostrar cómo usa la justicia como un arma política. Esta vez, el blanco fue el chofer Yuni Valdés Pérez, condenado a 10 años de cárcel por “sabotaje” tras un incidente de tránsito en la ciudad de Cárdenas, Matanzas.
Lo que empezó como una bronca callejera terminó convertido en un caso de “atentado contra la seguridad del Estado”. Según la versión oficial, el 5 de mayo de 2025 Valdés, chofer de un camión grúa de Cubacar Varadero, dejó su vehículo atravesado en la vía pública y se fue a beber. En ese estado, discutió con el conductor de un ómnibus Yutong de la empresa Transmetro y, en medio del calor de la pelea, retrocedió con su camión contra la guagua, golpeándola en varias ocasiones.
El daño material fue evidente, pero nada que justificara una acusación de ese calibre. Al inicio, la propia prensa oficial hablaba de “desórdenes públicos y daños”, delitos comunes. Sin embargo, como suele pasar en Cuba, el caso se transformó mágicamente en “sabotaje”, un delito reservado para asuntos de seguridad nacional. El cambio de cargo no es casualidad: cuando el régimen quiere dar un escarmiento, estira la ley hasta donde haga falta.
El Tribunal Provincial Popular de La Habana lo juzgó bajo la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, la misma que suele usarse para procesar a opositores, periodistas independientes y ciudadanos que se atreven a desafiar la autoridad. El resultado: 10 años de prisión, dictados el 18 de septiembre, amparados en el Dictamen No. 475 del Tribunal Supremo Popular.
La sentencia resalta la “lesividad del hecho” y el “impacto contra bienes estatales” como agravantes. En otras palabras, golpear un ómnibus del Estado vale más que la vida de los propios cubanos, que enfrentan diariamente apagones, falta de transporte y hospitales en ruinas sin que nadie del gobierno asuma responsabilidades.
El caso de Yuni Valdés es una muestra de cómo el régimen convierte problemas comunes en delitos políticos. Si hubiera chocado contra un carro particular, probablemente la historia sería distinta. Pero al tocar un bien “sagrado” del Estado, el aparato represivo se activó con todo su peso.
Aunque la sentencia puede apelarse mediante recurso de casación, lo cierto es que en Cuba los tribunales responden a la línea del Partido Comunista y no a la justicia real. El mensaje es claro: cualquiera que se enfrente, aunque sea de manera accidental, a la maquinaria estatal, corre el riesgo de terminar tras las rejas con una condena ejemplarizante.
