El régimen cubano volvió a mostrar su rostro represivo con la condena a 15 ciudadanos que participaron en la protesta pacífica del 17 de marzo de 2024 en Bayamo. Las penas, dictadas este viernes, van desde tres hasta nueve años de prisión, un castigo desproporcionado para quienes lo único que hicieron fue alzar la voz contra la miseria.
El Tribunal Municipal Popular de Bayamo, brazo dócil de la dictadura, convirtió este fallo en otro episodio más de la criminalización del derecho a protestar en Cuba. Según la nota oficial del Tribunal Provincial de Granma, ocho manifestantes recibieron condenas de entre seis y nueve años de cárcel, mientras que otros cinco fueron sentenciados a penas de tres a cinco años. Dos más terminaron con trabajo correccional, un eufemismo para disfrazar la represión.
Como era de esperar, el tribunal sacó de su libreto los cargos de siempre: “desórdenes públicos, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir”. Un repertorio gastado, pero muy útil para encerrar a cualquiera que se atreva a gritar “¡Libertad!”.
Lo más indignante es que los jueces tuvieron la desfachatez de asegurar que “se respetaron las garantías procesales y el derecho a la defensa”. Una mentira más, porque todos saben que estos juicios son puras farsas judiciales montadas para sembrar miedo.
Un juicio teñido de represión
El proceso comenzó el 16 de septiembre y duró cuatro días, más de un año después de que cientos de bayameses salieran a la calle cansados de los apagones, el hambre y el colapso de los servicios básicos. Ese día la gente gritó “Patria y Vida, Abajo la dictadura”, pero la respuesta fue la de siempre: golpes, arrestos masivos y la represión desatada de la policía política y sus tropas especiales.
De los 16 acusados inicialmente, 13 pasaron meses en prisión preventiva y tres bajo restricciones. Al final, 15 terminaron en el banquillo. Para rematar, la Fiscalía intentó imputarles tenencia ilegal de armas, aunque jamás presentó pruebas reales. Todo fue parte de un montaje para justificar el castigo.
Un patrón que no cambia
El diario Granma, vocero oficial del castrismo, se encargó de llamar a aquella protesta “disturbios”, repitiendo la misma narrativa manipuladora con la que intentan criminalizar al pueblo. El periodista independiente José Raúl Gallego desmontó esa versión y recordó que la prensa oficialista funciona como otro engranaje de la maquinaria represiva.
“Encerrar a un ser humano por ejercer su derecho a protestar es una violación por la que algún día tendrán que responder”, advirtió Gallego, dejando claro que jueces, fiscales y testigos de estos procesos deben ser señalados como responsables de crímenes contra los derechos humanos.
Las protestas de Bayamo no fueron un hecho aislado. En mayo, la ciudad volvió a las calles tras largos apagones, y hace apenas unos días, en Gibara, los vecinos protestaron más de 24 horas seguidas por quedarse sin luz. La reacción del régimen siempre es la misma: detenciones nocturnas, juicios sumarios y largas condenas.
