El régimen cubano volvió a sacar músculo represivo esta semana con otra condena ejemplarizante. El Tribunal Provincial Popular de La Habana sentenció a 15 años de prisión a un cubano acusado de traficar cocaína y cannabinoides sintéticos, en lo que no es más que otra muestra del show judicial con el que el castrismo intenta aparentar control.
La llamada Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, ese engranaje jurídico que siempre se presta para aplastar a quien toque, declaró culpable a José Alberto Ducá Valón, alegando que movía droga desde Santiago de Cuba hasta la capital. Según el parte oficial, el hombre vendía la cocaína a 14,000 pesos el gramo y el llamado “químico” a 4,000 pesos, precios que reflejan tanto el caos económico del país como el fracaso del propio sistema en mantener cualquier orden.
El arresto ocurrió el 12 de septiembre de 2024, cuando intentaba regresar a Santiago. La policía política antidrogas le ocupó apenas unos gramos de cannabinoides y una pesa digital. Aun así, la maquinaria judicial lo trituró con una condena desproporcionada, típica de un régimen que castiga con mano de hierro lo que le conviene mostrar como “ejemplo”.
El tribunal aseguró que el acusado tuvo “todas las garantías procesales” y hasta abogado de oficio, un discurso reciclado con el que intentan maquillar lo que en realidad es una farsa judicial. Junto a la cárcel, también lo sancionaron con prohibición de salida del país y el decomiso de bienes, lo que en la práctica significa que le quitaron lo poco que tenía.
Este caso se suma a la campaña propagandística del régimen contra el auge de drogas en Cuba. Las autoridades hablan de una “guerra frontal” contra los narcóticos, pero la realidad es otra: la droga circula más que nunca y los jóvenes cubanos, ahogados en la miseria y sin futuro, encuentran en estas sustancias una vía de escape.
El propio Tribunal Supremo Popular admitió en agosto que el consumo de drogas sintéticas está disparado, sobre todo en La Habana. Y aunque han endurecido las penas, el negocio sigue creciendo, dejando en evidencia la inutilidad de la represión. El Minint presume de operativos con cifras abultadas —más de 1,500 detenidos y decenas de kilos incautados—, pero nada logra frenar la ola.
