El Partido Comunista de Cuba (PCC) ha vuelto a demostrar que cuando se trata de controlar la economía, no deja espacio para nadie. Según informes oficiales, tras un mega operativo de inspecciones a nivel nacional, se detectaron más de 3,000 “deficiencias” en contratos y relaciones entre entidades estatales y el sector privado. Aunque el discurso oficial habla de “corregir ilegalidades” y “fortalecer el control interno”, lo que se percibe detrás de estas cifras es otra jugada más para asfixiar a los productores privados y las mipymes, que hoy son un respiro frente a la crisis económica que sufre la isla.
El operativo fue de talla gigante: se revisaron casi 2,700 centros estatales y presupuestados, además de mipymes y proyectos de desarrollo local. Participaron casi 4,000 cuadros, funcionarios, auditores, estudiantes y miembros de organizaciones políticas. Es decir, no hablamos de una simple auditoría técnica, sino de una acción política en toda regla, con el PCC metiéndose en funciones que normalmente corresponderían a instituciones independientes.
Los resultados fueron presentados como alarmantes: 3,172 incidencias en contratación, pagos, arrendamientos y entrega de recursos, con los sectores de Comercio, Agricultura y Transporte liderando la lista de irregularidades. Se aplicaron más de 1,100 medidas disciplinarias y se realizaron denuncias por delitos como malversación o desvío de recursos. Hasta aquí, todo suena serio, pero la realidad es otra.
El foco en el sector no estatal revela un patrón preocupante: se fiscaliza obsesivamente a emprendedores y mipymes, mientras se minimiza la responsabilidad histórica del Estado en la escasez y los problemas económicos. Las inspecciones se han convertido en una especie de herramienta de intimidación, recordándole a los pequeños empresarios que todo éxito debe estar subordinado al control político.
Más grave aún, el PCC se mete donde no debe, borrando la línea entre política y administración pública. En lugar de fomentar reformas que estimulen la producción y alivien la escasez, el gobierno prefiere ideología sobre eficiencia, generando parálisis y desconfianza. Las acusaciones de “favoritismo” o vínculos personales entre funcionarios y prestadores de servicios privados solo refuerzan la narrativa oficial, pero en realidad evidencian la dependencia del sector privado frente a la incapacidad del Estado de cubrir la demanda.
En definitiva, el PCC actúa como supervisor absoluto de la economía, y mientras tanto, los emprendedores cubanos —muchos jóvenes que apostaron por crear pequeñas empresas— ven cómo sus oportunidades se reducen frente a un aparato estatal que no sabe competir y solo sabe vigilar, sancionar y limitar. Más de seis décadas después, la receta sigue siendo la misma: control total y cero incentivos, con consecuencias devastadoras para la economía.
