En el Agromercado de Tulipán, municipio Plaza de la Revolución, la policía cubana desplegó este martes un operativo represivo que terminó con decomisos y arrestos a carretilleros y vendedores callejeros. El show represivo se enmarca dentro del llamado IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, esa campaña que el régimen vende como “disciplina social”, pero que en la práctica se traduce en más persecución al pueblo.
La gobernadora de La Habana, Yanet Hernández, justificó la acción diciendo que va contra quienes “violan regulaciones” sobre la venta de alimentos en la vía pública. Sin embargo, todos en Cuba saben que esos vendedores son los que resuelven lo que el Estado no puede garantizar.
Testigos contaron que los policías llegaron con camiones y obligaron a los trabajadores a montar sus mercancías decomisadas, generando escenas de tensión que muchos grabaron con sus teléfonos. En redes sociales ya circulan los videos de lo ocurrido, acompañados de testimonios que denuncian la brutalidad policial.
Uno de ellos, el usuario Yuriel Fernández, escribió en Facebook que la policía “recogió a personas que están luchando el pan de cada día vendiendo viandas y cigarros que el gobierno no tiene para vender”. También señaló que hubo “golpes y arrestos arbitrarios”, calificando la redada como “repugnante”, sobre todo porque se persigue a quienes sobreviven con lo poco que consiguen, mientras el régimen sigue de brazos cruzados ante delitos graves como el narcotráfico, la violencia de género o la corrupción interna.
Este despliegue represivo ocurre justo después de que Miguel Díaz-Canel, en la apertura del dichoso IV Ejercicio Nacional, hiciera un llamado a la “disciplina social y respeto al orden interior”. Sus palabras, lejos de sonar como un discurso de orden, se sienten como una amenaza velada: más represión para un pueblo que ya protesta por los apagones, la falta de agua y la miseria cotidiana.
No es la primera ofensiva de este tipo. En agosto, el régimen también cargó contra negocios privados acusándolos de evasión fiscal y de incumplir con la Cuenta Bancaria Fiscal. La ONAT amenazó con multas, cierres y sanciones penales, bajo la justificación de que el control bancario y los pagos electrónicos son para garantizar “transparencia”. La realidad es otra: se trata de mantener al sector privado con la soga al cuello, controlando cada peso que circula fuera del aparato estatal.
Mientras tanto, la inflación devora los salarios, la escasez vacía los mercados y la población depende cada vez más del mercado informal para comer. En ese escenario, el régimen no ofrece soluciones, solo redadas y decomisos, apagando el único respiro que tienen los cubanos: la inventiva y el trabajo honrado de quienes se lanzan a vender en la calle lo que el Estado nunca ha sabido poner en las tarimas oficiales.
