La dictadura cubana vuelve a mostrar su cara más represiva. La Fiscalía pidió condenas de hasta nueve años de prisión contra seis hombres que se atrevieron a participar en un simple cacerolazo pacífico en Encrucijada, Villa Clara, donde la gente salió a protestar por los interminables apagones que tienen a la isla sumida en la oscuridad.
Según reveló la agencia EFE, entre los acusados está el periodista independiente José Gabriel Barrenechea, a quien el régimen intenta callar con el cargo de “desórdenes públicos”. Cinco de los implicados llevan casi un año presos de manera provisional desde aquella protesta del 7 de noviembre de 2024, lo que demuestra la saña con que actúan las autoridades contra cualquiera que alce la voz.
El escrito de la Fiscalía acusa a los manifestantes de “liderar la protesta” con apenas tres calderos —que ni siquiera fueron ocupados como prueba— y por gritar frases como “¡Queremos corriente!”. Para el aparato judicial de la dictadura, esas palabras bastaron para “alterar la tranquilidad ciudadana” y “obstaculizar el tránsito”. Una justificación absurda para criminalizar a un pueblo que lo único que pide es electricidad y dignidad.
El juicio arrancó este miércoles en el Tribunal Provincial de Villa Clara, bajo un fuerte ambiente represivo. Activistas denunciaron incluso la detención del opositor Guillermo “Coco” Fariñas, a quien arrestaron cuando intentaba asistir a la vista oral. Otro ejemplo claro de cómo el régimen teme cualquier presencia incómoda en sus shows judiciales.
Las penas solicitadas dejan claro el ensañamiento: dos hombres podrían recibir nueve años de cárcel, Barrenechea enfrentaría seis, otro cinco y uno más cuatro. El sexto tendría “limitación de libertad” por cinco años. Ninguno de ellos tiene antecedentes penales, pero para la dictadura eso no importa, porque su verdadero “delito” fue protestar.
Organizaciones de derechos humanos no tardaron en reaccionar. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el juicio en sus redes y recordó que varios testigos confirmaron que la protesta fue totalmente pacífica. “Exigimos justicia y libertad para todos los acusados y para los presos políticos en Cuba. Protestar pacíficamente no es un crimen”, señaló el organismo.
También Amnistía Internacional criticó el proceso. Su investigadora para Cuba, Johanna Cilano, lo dejó claro: “La protesta es un derecho, nadie debería estar encarcelado solo por ejercer sus derechos humanos”.
Este caso se suma a otros espectáculos represivos recientes, como el de Bayamo en marzo pasado, donde 15 manifestantes fueron condenados también a hasta nueve años de cárcel.
Mientras tanto, los apagones siguen golpeando con fuerza. En muchas zonas del país la gente aguanta más de 20 horas diarias sin luz, un infierno que aviva cada vez más el descontento social. Y la respuesta del régimen no es buscar soluciones, sino meter preso a quien se atreva a quejarse golpeando un caldero.
