El primer ministro Manuel Marrero Cruz se dejó ver este jueves en Gibara, Holguín, justo en el mismo municipio donde hace apenas dos semanas estallaron protestas contra los apagones interminables y la falta de agua. Como buen cuadro obediente, se dedicó a recorrer instituciones y posar para la foto con las autoridades locales, mientras el malestar en las calles sigue intacto.
En su condición de diputado por esa zona costera, Marrero mostró en redes sociales un recorrido por la planta desalinizadora de Caletones, vendida como una obra de “alto impacto” para los vecinos y el campismo. También visitó un hogar de ancianos donde residen 46 adultos mayores y, de paso, dejó caer los mismos discursos de siempre sobre la “unidad del pueblo”, la “participación popular” y la “responsabilidad social” de las empresas estatales.
Según él, la solución pasa por diversificar los servicios en el campismo para generar ingresos, como si eso pudiera tapar la crisis eléctrica que mantiene a Gibara sumida en la oscuridad. Más tarde, Marrero se sentó en el Consejo de la Administración Municipal junto a dirigentes provinciales de Holguín, mientras el telecentro local, Gibaravisión, difundía en Facebook la visita como si fuera una hazaña.
El trasfondo que el régimen quiere ocultar
La llegada de Marrero no es casualidad. El pasado 13 de septiembre, cientos de vecinos de Gibara salieron a las calles cansados de los apagones y la falta de agua en la comunidad de El Güirito. La respuesta del régimen fue la misma de siempre: represión y miedo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que al menos 27 personas fueron detenidas por manifestarse pacíficamente, de las cuales cuatro siguen encarceladas y el resto permanece bajo estricta vigilancia policial. La organización no dudó en calificar la situación como un pueblo “bajo terror”.
Para colmo, el proyecto Represores Cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), reveló que dos ciudadanos de Holguín fueron sumados a su lista negra de colaboradores de la Policía Política, tras ser acusados de grabar y delatar a manifestantes en Gibara.
