La Aduana del régimen volvió a montar su show en el aeropuerto de La Habana. Esta vez, según anunciaron con bombo y platillo, incautaron más de 7,300 tabacos sueltos y 64 cajas completas que supuestamente intentaban sacar del país sin papeles ni facturas que probaran su origen legal.
El vicejefe de la Aduana, Wiliam Pérez González, fue quien soltó la noticia en X, recordando que todo forma parte de su famosa campaña “Frontera Segura”. Como siempre, el discurso oficial habla de “orden y control”, pero la realidad es que el contrabando de tabacos en Cuba es tan común como los apagones, porque la corrupción estatal abre más puertas de las que cierra.
Pérez aseguró que el caso ya está en manos de la policía, aunque convenientemente no dio detalles sobre cuántas personas estuvieron involucradas ni en qué momento exacto ocurrió el decomiso. Esa opacidad es típica del sistema, que solo muestra lo que le conviene para aparentar eficiencia mientras esconde la podredumbre de fondo.
El tabaco cubano, uno de los pocos productos de renombre internacional que le quedan al país, está en el centro del negocio ilegal, no solo por los contrabandistas particulares, sino también por los mismos funcionarios corruptos que controlan su exportación oficial. El régimen vende al exterior lo que puede, mientras dentro de la Isla la gente no tiene ni fósforos para encender un cigarro.
En septiembre ya habían alardeado de “golpes exitosos” al contrabando: más de 4,500 tabacos falsos y otros 4,400 con anillas fueron incautados en el mismo aeropuerto habanero. Ahora suman este nuevo lote para engordar sus estadísticas y repetir el cuento de que tienen el control absoluto.
Lo cierto es que estos decomisos funcionan más como propaganda que como lucha real contra el contrabando. En un país donde la miseria es ley de vida y el Estado controla hasta el aire que se respira, el tráfico ilegal de tabaco, café o carne no es un simple delito: es una consecuencia directa del desastre económico que ha creado el castrismo.
