El congresista republicano Mario Díaz-Balart volvió a poner el dedo en la llaga del castrismo. Esta vez, pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investigue si algunos músicos cubanoamericanos han violado las sanciones contra el régimen, al presentarse en escenarios controlados por las empresas militares del propio aparato represivo.
En una carta dirigida a Bradley T. Smith, secretario adjunto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Díaz-Balart expresó su alarma por lo que considera una colaboración directa con estructuras de poder del castrismo, incluidas en la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado.
El legislador puso como ejemplo a los artistas Dany Ome y Kevincito El 13, ambos residentes en Estados Unidos, quienes este verano cantaron en PABEXPO, un recinto bajo control del complejo militar-empresarial de la dictadura. En ese evento, según la denuncia, no faltaron los seguros escoltas del aparato represivo ni la presencia del nieto de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro, como recordatorio de quién manda en ese escenario.
La carta también menciona que los mismos artistas han tenido presentaciones en otras provincias, como Ciego de Ávila, lo cual refuerza la sospecha de una relación constante con las instituciones del régimen. Incluso su mánager, Magdiel Díaz, radicado en Estados Unidos, estaría involucrado en estas gestiones.
Para Díaz-Balart, el asunto es claro: “estas actuaciones públicas socavan el objetivo de las sanciones de EE.UU., al convertirse en una fuente de ingresos para la dictadura cubana”. Por eso exige a la OFAC determinar si los viajes, contratos y transacciones financieras de estos artistas cumplen o no con las normas vigentes.
El congresista, conocido por su postura firme contra la tiranía cubana, recordó además su apoyo a las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump, entre ellas la inclusión del régimen en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y la ampliación de las restricciones contra las empresas militares controladas por el castrismo.
La ley estadounidense permite que artistas actúen en Cuba bajo ciertas excepciones de viaje, pero esas licencias se caen cuando hay negocios con entidades del Ministerio del Interior o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que son el corazón económico del régimen. Y aquí es donde está el punto caliente: cada concierto organizado en esos espacios no solo es música, es dinero que va directo al bolsillo de los generales y no al pueblo cubano.