Miguel Díaz-Canel volvió a sacar su tono de “comandante en jefe” para advertir que el régimen no tolerará que la gente cierre calles ni proteste en las vías públicas. Su amenaza llega justo cuando La Habana hierve de malestar por la falta de agua, los apagones eternos y la basura que se acumula por todos lados.
Durante una reunión de “seguimiento” a la crisis —que ya parece crónica—, el gobernante reconoció los reclamos del pueblo, pero con el clásico discurso paternalista: “Las quejas deben hacerse en los lugares establecidos: el Partido, el Gobierno o el Estado”, dijo, dejando claro que en Cuba solo se puede protestar donde no se molesta a nadie… ni se cambia nada.
Canelito, en tono de advertencia, subrayó que nadie está autorizado a cerrar una vía pública, porque eso —según él— “entorpece servicios imprescindibles para el propio pueblo”. En otras palabras: la culpa del caos no es del Gobierno, sino del ciudadano que se atreve a exigir sus derechos.
El mandatario reconoció que los problemas “no se resuelven en un fin de semana” y que hay “fallos organizativos”, aunque se cuidó bien de no mencionar la raíz del desastre: la incompetencia y el abandono sistemático de décadas. Como es costumbre, el discurso vino acompañado de nuevas órdenes de control, más que de soluciones.
Entre las medidas, Díaz-Canel mandó a inspeccionar los negocios privados para revisar su consumo eléctrico. Y no dudó en advertir que “el que se pase del plan, se cierra”. También pidió establecer un sistema para controlar el combustible destinado a la capital, otro mecanismo más para fiscalizar a los pocos que todavía producen algo en la isla.
Respecto al agua, el gobernante orientó priorizar los barrios más afectados y “movilizar a la población” para limpiar y embellecer las comunidades. O sea, el Estado brilla por su ausencia, pero el pueblo tiene que salir a resolver. Una jugada que ya todos conocen: culpar a la gente y maquillar el abandono con llamados al “trabajo voluntario”.
Este enfoque oficial, lejos de ofrecer soluciones reales, criminaliza la protesta ciudadana, que no es más que un grito desesperado ante el colapso total de los servicios básicos.
La reunión de emergencia del viernes, celebrada en el Comité Provincial del PCC, reunió a ministros, jefes militares y miembros del Buró Político. Una muestra clara de que la respuesta del régimen a cualquier crisis sigue siendo la misma: más control, más represión y más presencia militar en las calles.
El despliegue de fuerzas del Minint y las FAR confirma que la dictadura teme más al pueblo indignado que al hambre o al apagón. En vez de garantizar agua y luz, prefiere garantizar el silencio.
Las protestas recientes en La Habana, con cacerolas y gritos de “¡basta ya!”, reflejan un hartazgo generalizado. La gente ya no aguanta los apagones de hasta 24 horas, las altas temperaturas, los mosquitos y la falta de agua. Y mientras el régimen sigue prometiendo “soluciones integrales”, los cubanos siguen sobreviviendo como pueden, entre la oscuridad, la desesperanza y el miedo a hablar demasiado alto.
