En Abreus, Cienfuegos, un tribunal municipal aplicó una condena de un año de trabajo correccional con internamiento a Javier Santana Rodríguez, acusado de sustraer cinco quintales de papas de la Unidad Empresarial de Base Carmelina, ubicada en Horquita.
La prensa oficial presentó el caso como un juicio “ejemplarizante”, intentando mostrar firmeza en medio de la profunda crisis económica y alimentaria que atraviesa el país. Según reportó el periódico 5 de Septiembre, los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero, cuando Santana Rodríguez fue sorprendido transportando los 230 kilos de papas en un carro de tracción animal. Por suerte, todo el producto fue recuperado y no se registraron pérdidas económicas.
Además de la pena principal, el acusado enfrenta la suspensión de derechos ciudadanos, lo que incluye la prohibición de votar, ocupar cargos de dirección o salir del país mientras cumple la sanción.
Las autoridades cubanas han convertido este tipo de juicios en una especie de advertencia pública, aplicando sanciones duras contra delitos vinculados a la producción de alimentos, presentados como estratégicos para “proteger la economía nacional”. La narrativa oficial insiste en que estos procesos disuaden a quienes intenten aprovecharse de los recursos estatales.
Pero la realidad que vive el pueblo cubano es otra. Muchos denuncian que el Estado no aborda las causas reales de la delincuencia: la escasez constante, los bajos salarios y la incapacidad del gobierno para garantizar alimentos de manera estable. No es sorpresa que los robos en polos agrícolas se hayan vuelto cada vez más frecuentes, mientras la gente lucha por conseguir lo básico para sobrevivir.
