Lo que empezó como una simple auditoría en una granja avícola de Guantánamo terminó destapando otro de esos capítulos donde la justicia cubana demuestra a quién protege realmente. Cinco trabajadores fueron sancionados, entre ellos Yanet Martínez Latamblet, mientras los directivos de la empresa estatal, los verdaderos responsables, ni siquiera fueron rozados por el proceso.
Martínez Latamblet fue acusada por la supuesta desaparición de más de 7,000 pollos, un delito que ella niega rotundamente y por el que señala directamente a la cúpula de la empresa. En declaraciones recogidas por 14ymedio, la trabajadora fue clara: “Quiero denunciar el acoso y las violaciones que estoy sufriendo por parte de la dirección de mi empresa.”
El pasado 25 de septiembre, el Tribunal Municipal de Guantánamo la sentenció a un año de prisión domiciliaria por “no preservación de los bienes del Estado”. Según su testimonio, ni siquiera tuvo tiempo ni medios para armar una defensa adecuada. Ha prometido apelar la decisión y asegura que los verdaderos culpables siguen intocables, protegidos por el escudo de la burocracia y el favoritismo político que caracteriza al sistema estatal.
Un juicio lleno de irregularidades
Martínez trabajó durante años en la granja Lajita 1, desde 2017 hasta 2024, como criadora. Cuenta que fue citada a un juicio por “incumplimiento del deber” y que solo estando ya en el tribunal se enteró de que la acusaban por el faltante masivo de aves. “Nos enteramos allí mismo, sin preparación ni abogado. Todo el tiempo habíamos oído que la culpa era de la jefatura”, relató.
La auditoría que encendió la chispa ocurrió en septiembre de 2023. Según los informes, se detectó la desaparición de más de 7,000 pollos, valorados en unos 100,000 pesos cubanos. Apenas se conoció el faltante, los trabajadores fueron convocados a una reunión donde se les exigió que pagaran de su propio bolsillo el dinero perdido.
“Nos dijeron que teníamos que poner el dinero”, recordó Yanet. La cifra era absurda, completamente impagable incluso si se dividía entre todos. Ante la negativa, la dirección optó por el camino más fácil: buscar un chivo expiatorio. Así comenzó el proceso judicial que hoy mantiene a esta mujer bajo arresto domiciliario y con su vida laboral destruida.
El reflejo de un sistema podrido
La granja Lajita 1 está ubicada en el kilómetro 1 de la carretera hacia Santiago de Cuba. Tras más de 15 años paralizada, reabrió en 2016 con la promesa de impulsar la producción local de aves. Pero como suele pasar en la Cuba real, los planes se quedaron en el papel. Falta de pienso, combustible, mala administración y cero control han convertido el lugar en otro ejemplo del descalabro económico del régimen.
En ese contexto, las pérdidas son el pan de cada día, pero cuando se busca a los culpables, siempre apuntan hacia abajo. Los obreros pagan los platos rotos mientras los jefes se lavan las manos. La historia de Yanet es solo una más entre miles: una trabajadora acusada por un sistema que no rinde cuentas a nadie, donde el poder siempre encuentra la manera de salir limpio.
Su apelación podría convertirse en un caso simbólico dentro de las empresas estatales cubanas, donde la impunidad y el abuso de poder son la norma. En un país donde las auditorías se usan más para castigar a los débiles que para descubrir la corrupción real, el caso de esta guantanamera expone una verdad incómoda: en Cuba, los que mandan nunca pagan por sus errores… los que pagan son los que menos tienen.
