La organización independiente Cubalex volvió a poner en evidencia la maquinaria represiva del régimen cubano, denunciando que al menos 15 personas fueron detenidas en Marianao, La Habana, tras participar en una protesta pacífica contra los apagones y la falta de agua.
La manifestación tuvo lugar el pasado 8 de octubre en el barrio Santa Felicia, donde un grupo de vecinos cansados de la miseria diaria decidió salir a la calle a golpear cazuelas y exigir soluciones. Pero como ya es costumbre en Cuba, la respuesta del Estado fue inmediata: represión, arrestos y silencio informativo.
Cubalex informó que los manifestantes fueron trasladados al centro de detención del VIVAC, uno de los tantos sitios donde la Seguridad del Estado encierra a los cubanos que se atreven a alzar la voz. Hasta el momento, se desconoce la identidad y el paradero de los detenidos, lo que aumenta la preocupación por su integridad física.
Entre los arrestados arbitrariamente estuvo el activista Liván Gómez Castillo, coordinador del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) en la capital. Según la ONG, los agentes intentaron vincularlo —sin pruebas— con la protesta y con la aparición de carteles antigubernamentales en Marianao.
“Lo acusaron de organizar la protesta por los apagones y la falta de agua, pero las grabaciones demostraron que él ni siquiera estaba allí”, explicó Cubalex. Aun así, Gómez fue amenazado con prisión si las autoridades logran “asociarlo” de alguna manera con los carteles. Un método típico del régimen: fabricar culpables cuando la realidad se les va de las manos.
Cubalex denunció que el castrismo continúa usando la represión y la criminalización de la protesta pacífica como herramientas para apagar el descontento popular, un descontento que crece cada día entre la escasez, el calor y el abandono.
La protesta en Santa Felicia fue una de las tantas que han estallado en los últimos meses en la capital cubana. Vecinos desesperados salieron a la calle con calderos, bloqueando la avenida 51, mientras gritaban consignas contra los apagones interminables y la falta de agua. Testigos aseguran que la policía llegó en cuestión de minutos y detuvo a varios manifestantes como si se tratara de criminales peligrosos.
El panorama no es aislado. En las últimas semanas, cacerolazos y protestas han sacudido municipios como Centro Habana, Cerro, Cojímar y La Habana Vieja. Las causas son las mismas: apagones, hambre, falta de agua y la frustración acumulada de un pueblo que ya no aguanta más.
Aun así, el régimen intenta mantener su narrativa absurda. Niega la existencia de presos políticos y descalifica los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que documentan cientos de detenciones arbitrarias en la isla.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, llegó al colmo del cinismo al decir en una entrevista que en Cuba “no hay ni un solo manifestante preso”, una frase que insulta a las familias de más de mil cubanos encarcelados por pensar distinto.
La realidad es que, según Prisoners Defenders, Cuba cerró agosto con 1,185 presos políticos y de conciencia, la cifra más alta registrada en décadas. Cada uno de ellos es un recordatorio de que el régimen de La Habana no gobierna con legitimidad, sino con miedo, censura y cárcel.
