El municipio de La Lisa, en La Habana, amaneció este domingo envuelto en rumores tras circular la noticia de que Yoamel Acosta Morales, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular y diputado del Parlamento cubano, habría sido arrestado por un supuesto desfalco de motos eléctricas.
El medio independiente La Tijera fue el primero en soltar la bomba desde su página de Facebook, asegurando que Acosta Morales estaba bajo investigación por la desaparición de unas veinte motos eléctricas que debían ir a parar a entidades estatales del municipio. Según la publicación, el funcionario ya arrastraba antecedentes por manejos turbios de recursos del Estado.
Sin embargo, pocas horas después, la Asamblea Municipal de La Lisa salió a apagar el fuego con un comunicado oficial —también en Facebook, cómo no— en el que calificó la denuncia como “totalmente falsa”. En su nota, el gobierno local aseguró que el dirigente “continúa ejerciendo sus funciones con total compromiso y transparencia”, palabras que ya suenan a disco rayado en el repertorio de las instituciones del régimen.
El texto insistió en que “no existe evidencia alguna” que respalde las acusaciones y pidió a la población informarse “por los canales oficiales”, una frase que en Cuba casi siempre significa: “Créenos a nosotros, no a tus ojos”.
Según el comunicado, Acosta Morales se encuentra “liderando acciones de limpieza y atención a barrios vulnerables”, un intento de presentarlo como un funcionario ejemplar justo cuando el escándalo gana terreno en las redes.
Por el momento, no hay pruebas independientes que confirmen ni desmientan lo dicho por La Tijera ni lo negado por la Asamblea. Tampoco se ha pronunciado el Partido Comunista ni el gobierno provincial de La Habana, lo cual solo alimenta la desconfianza popular.
En redes sociales, el debate está encendido. Muchos usuarios reclaman más transparencia y menos cuentos, mientras otros piden cautela antes de compartir noticias sin pruebas. Pero en un país donde el acceso a la información está controlado, y donde los medios oficiales tapan más de lo que muestran, es casi imposible separar la verdad del teatro político.
Lo cierto es que los casos de corrupción dentro del régimen no son novedad. Aunque el gobierno intenta disimularlos, cada tanto sale a la luz un escándalo que deja en evidencia la podredumbre del sistema. En Las Tunas, por ejemplo, un funcionario reconoció hace poco que “todo se sabrá”, frase que más bien suena a aviso de tormenta para los que están metidos en líos.
Uno de los casos más sonados este año fue el de una alta funcionaria del gobierno condenada a 15 años de prisión por delitos económicos, en un proceso donde se destapó un entramado de desvío de recursos y falsificación de documentos. Aun así, el juicio evitó tocar las verdaderas redes de complicidad que sostienen el aparato del poder.
En Mayabeque, otro fraude millonario en el comercio del carbón reveló la mano de entidades estatales que participaron en una operación ilegal extendida por meses. Y en Sancti Spíritus, cinco funcionarios fueron sancionados por irregularidades en la gestión pública, aunque, como casi siempre pasa en Cuba, todo se quedó en una “sanción administrativa” sin cárcel ni justicia real.
Mientras el régimen sigue negando, el pueblo sigue pagando las consecuencias de una corrupción que no para de crecer. La impunidad es la norma, la transparencia es el chiste y la credibilidad del sistema ya no tiene arreglo.
En medio de tanto silencio oficial, el caso de La Lisa es solo otro capítulo del mismo guion: un país donde los escándalos se tapan con comunicados y las promesas se van con la corriente eléctrica.
