La vice directora de la Dirección General de EE.UU. en Cuba, Johana Tablada, salió al paso de las críticas sobre las conocidas “misiones médicas” del régimen y terminó confirmando lo que muchos han denunciado durante años: el Estado cubano retiene una parte del salario de los médicos enviados al extranjero. Según Tablada, los profesionales “lo saben desde el principio”, ya que aceptan y firman esas condiciones en sus contratos.
En la conferencia titulada “Cuba frente el exterminio. Una esperanza que no debe morir. Actualización sobre el impacto del bloqueo y sus relaciones con EE.UU.”, la funcionaria defendió que los médicos conocen el país de destino, la duración del contrato y el pago en divisas. “En Cuba se les mantiene su salario íntegro para que sus familias no sufran”, aseguró. Pero no se detuvo ahí: “Sí es verdad que hay una parte de ese contrato… que va a la Salud Pública de Cuba”, admitió.
Tablada justificó que la porción que no reciben los cooperantes “no va a una clínica privada, va para el pueblo cubano, para el Sistema de Salud Pública”. También negó que estas prácticas constituyan trata de personas o trabajo forzoso, insistiendo en que los cooperantes “pueden moverse libremente” en los países donde cumplen misión. Para reforzar su argumento, comparó las deducciones con sistemas extranjeros, mencionando a la Clínica Mayo como ejemplo de que en distintos lugares parte de los ingresos contractuales no llega directamente al profesional.
Sin embargo, el reconocimiento de Tablada es clave: el Estado admite la confiscación parcial del salario, algo que ha sido el eje de las críticas internacionales sobre estos programas y que, según la funcionaria, está contemplado desde la firma del contrato.
El contraste con la realidad internacional es brutal. Este año, el Departamento de Estado de EE.UU. volvió a ubicar a Cuba en el Nivel 3 de su Informe sobre Trata de Personas (TIP 2025), la categoría más severa. La evaluación denuncia que el régimen mantiene un patrón de trata de personas auspiciado por el Estado, particularmente a través de la exportación de servicios médicos, que en 2022 generó 4,900 millones de dólares, según los datos disponibles.
El informe advierte que lo que el régimen vende como solidaridad médica es, en realidad, explotación laboral que roza la esclavitud moderna. Los profesionales enviados al extranjero son reclutados con engaños, presionados y bajo la amenaza de represalias si no cumplen. A pesar de la retórica oficial de Tablada, el mundo sigue viendo la realidad de un sistema que convierte a los médicos en mercancía para sostener al Estado, mientras vende una imagen de cooperación internacional que cada vez menos convence.
