En La Habana, un caso que refleja la cruda realidad del abandono y abuso infantil volvió a poner en evidencia la fragilidad del sistema de protección a los menores en Cuba. El Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo dictó sentencia el 29 de septiembre de 2025 en la causa número 84, involucrando a Daima Rodríguez Núñez y Carlos Díaz González por corrupción de menores, actos contrarios al desarrollo infantil y abusos sexuales, según informó el Tribunal Supremo Popular.
Durante el juicio se demostró que Daima Rodríguez, madre y tutora legal de cuatro niñas de 10, 7, 4 y 1 año —tres de ellas con capacidades cognitivas disminuidas y bajo educación especial— fallaba repetidamente en sus obligaciones de cuidado. Las pequeñas carecían de educación adecuada, atención médica y una alimentación correcta, a pesar de contar con apoyo municipal. La madre se ausentaba por largos periodos, incluso durante la noche, dejando a las niñas completamente desprotegidas.
El panorama de abandono se complicó aún más por la conducta de Carlos Díaz González, quien aprovechó la situación para abusar sexualmente de la niña de siete años, un acto que la madre permitió sin intervenir. Además, ambos obligaban a las niñas a deambular por las calles pidiendo comida y dinero, que luego utilizaban para comprar alcohol.
Como resultado, Daima Rodríguez recibió ocho años de privación de libertad, mientras que Carlos Díaz fue condenado a diez años de prisión. A la madre se le retiraron los derechos parentales, y ambos perdieron derechos civiles y la posibilidad de salir del país.
Pero el caso de Arroyo Naranjo no es un hecho aislado. En Matanzas, la muerte de un niño de apenas dos años, con signos evidentes de maltrato físico, puso de nuevo bajo el reflector la violencia infantil en la Isla. El menor ingresó al hospital pediátrico Eliseo Noel Caamaño en estado crítico, con hematomas, fiebre y dificultad respiratoria. A pesar de una cirugía de urgencia, falleció pocas horas después, siendo reportado como un posible infanticidio. Posteriormente se confirmó que otros tres niños maltratados habían sido atendidos en hospitales locales durante lo que va de año, superando ya los números de 2024.
Pediatras y psicólogos alertan que muchos de estos casos se ocultan bajo la etiqueta de “accidentes domésticos”, cuando en realidad reflejan negligencia, abandono y violencia estructural. Profesionales de salud y organismos legales coinciden en que, aunque la ley cubana permite retirar la patria potestad, el subregistro y la inacción institucional mantienen a muchos menores expuestos al riesgo.
Un ejemplo reciente es el caso denunciado por la activista Maylen Díaz Delgado, quien alertó que su hija sigue expuesta a un agresor sexual previamente condenado. Según la denuncia, una sentencia emitida en Camagüey podría devolverle al padre la patria potestad, violando tanto el Código Penal como la Constitución y el Código de las Familias. Organizaciones feministas han exigido la revisión urgente del fallo, alertando sobre el peligro de revictimización infantil y la falta de protección efectiva por parte del Estado.
