La Fiscalía General de la República publicó una nota oficial donde confirmó que el exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, enfrenta cargos por varios delitos graves, entre ellos espionaje, malversación y lavado de activos.
Según el comunicado, las investigaciones fueron controladas por el Ministerio del Interior y se realizaron “en correspondencia con lo establecido en el Artículo 156 de la Constitución”. Tras concluir las acciones penales, la Fiscalía presentó las actuaciones al tribunal competente y ejerció la acción penal pública en representación del Estado.
Entre los delitos imputados se incluyen espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos y sustracción o daño de documentos oficiales. Para todos los acusados, la Fiscalía solicitó sanciones privativas de libertad.
Por su parte, el Ministerio del Interior confirmó que el Tribunal Supremo Popular ya radicó la causa correspondiente, la cual “se encuentra en tramitación conforme al debido proceso”.
Las autoridades aseguraron que, una vez comience el juicio, se ofrecerá información pública sobre el desarrollo del proceso.
La noticia marca un nuevo capítulo en el caso de Alejandro Gil, uno de los rostros más visibles del gabinete de Díaz-Canel, quien fue destituido en marzo en medio de un creciente descontento popular por la profunda crisis económica que atraviesa Cuba.
