El exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, uno de los hombres más cercanos a Miguel Díaz-Canel, enfrenta una tormenta judicial sin precedentes. La Fiscalía General de la República lo ha acusado formalmente de espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos, entre otros delitos graves.
Gil, arrestado desde marzo de 2024 en un lugar que el régimen mantiene en secreto, se ha convertido en el rostro más visible de la descomposición interna del castrismo en medio de una crisis económica marcada por apagones, inflación y hambre.
Del espionaje al lavado de activos: un cóctel explosivo
Según el comunicado oficial, la investigación fue llevada a cabo por el Ministerio del Interior (MININT), y la lista de cargos parece sacada de un guion de corrupción total: espionaje, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión de impuestos, tráfico de influencias, lavado de dinero e infracción de normas sobre información clasificada.
El texto menciona también la sustracción y daño de documentos oficiales, pero —como es costumbre— no ofrece detalles ni pruebas concretas. Tampoco se revelan los nombres de los otros implicados ni la cantidad exacta de personas involucradas, lo que deja más dudas que certezas sobre la supuesta investigación “transparente” que el régimen asegura haber realizado.
¿Espionaje o ajuste de cuentas político?
Hasta ahora, el gobierno no ha explicado en qué consiste exactamente el supuesto espionaje. Las notas oficiales se limitan a mencionar el delito, hablando vagamente de “manejo indebido de información clasificada” y “violación de normas de protección de documentos reservados”, pero sin precisar si hubo filtración de datos o vínculos con potencias extranjeras.
Esa opacidad alimenta las sospechas de que el caso podría tener un trasfondo político, más que judicial. Gil fue destituido en febrero de 2024, justo cuando el régimen anunció el aumento de los precios del combustible, lo que desató una ola de malestar popular. Su caída, para muchos, fue un sacrificio calculado para desviar la culpa del desastre económico que vive la Isla.
De arquitecto del desastre a chivo expiatorio del régimen
Durante años, Alejandro Gil fue el rostro técnico de las políticas más impopulares del castrismo, incluyendo la fracasada “Tarea Ordenamiento”, que hundió aún más el poder adquisitivo del pueblo y disparó la inflación. Su destitución fue presentada como “una medida por errores graves”, pero desde entonces todo apuntaba a que el régimen preparaba un juicio ejemplarizante para limpiar su imagen ante el caos.
El comunicado de la Fiscalía asegura que se respetó el debido proceso y que se pidió prisión para Gil y sus colaboradores, pero en Cuba esa frase suena a burla: nadie espera justicia real en un sistema donde el poder judicial obedece al Partido Comunista.
Un caso que desnuda la podredumbre del poder
El escándalo Gil no solo deja al descubierto la corrupción dentro del aparato estatal, sino también la profunda hipocresía de un régimen que se autoproclama defensor del pueblo mientras saquea los recursos del país.
En redes sociales, muchos cubanos han interpretado el proceso como una pelea interna entre facciones del poder, donde Gil habría caído en desgracia por enfrentarse a intereses superiores o por saber demasiado sobre las finanzas oscuras del Estado.
La élite del Partido se sacude, pero el país sigue igual: en ruinas.
En un contexto de apagones interminables, colas por comida y salarios que no alcanzan ni para un pan, el caso Alejandro Gil es el reflejo más claro de un sistema podrido hasta la médula, donde la corrupción, la mentira y la represión son la única constante.
Al final, mientras la justicia revolucionaria se ensaña con uno de los suyos para aparentar moralidad, los verdaderos responsables del desastre nacional siguen intactos, aferrados al poder como si Cuba fuera su finca personal.
