La hija del exministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, rompió el silencio este sábado con un mensaje público en el que aseguró que su padre “se mantiene firme en su defensa” y “no reconocerá ningún delito que no sea debidamente verificado”.
La joven, identificada como Laura María Gil González, exigió transparencia total en el proceso judicial contra su padre, acusado por la Fiscalía General de la República de delitos que incluyen espionaje, malversación y lavado de activos, entre otros. En su publicación en redes sociales, reclamó que el caso sea manejado con luz pública y respeto a los derechos fundamentales.
Laura invocó los artículos 48 y 54 de la Constitución cubana, que amparan el derecho al honor, la imagen y la libertad de expresión, para exigir que la ciudadanía tenga acceso a los detalles del proceso: “El pueblo merece saber qué se hizo, a favor de quién, desde cuándo, y qué pruebas existen”, escribió.
Según explicó, hasta ahora había preferido mantenerse en silencio “por compromiso familiar con la imagen del país” y para evitar “descontento popular o un conflicto internacional”. Sin embargo, asegura que las declaraciones oficiales han dejado “demasiados cabos sueltos” que solo alimentan rumores y especulaciones.
En su publicación, Laura se refirió directamente al delito de espionaje, considerado el más grave de los imputados, y exigió precisión: “Si ese es el eje del caso, entonces que se diga claramente qué se hizo, con qué países, a través de qué canales, qué se recibió a cambio, y qué pruebas concretas existen”.
La hija del exministro también pidió que el juicio sea público, transmitido por la televisión nacional y Cubavisión Internacional, con acceso para medios oficiales, independientes y extranjeros. “Es una exigencia mía y de mi padre desde el primer día”, afirmó, confiando en que “el pueblo cubano podrá escuchar directamente su defensa”.
Laura aclaró que su mensaje “no busca incitar a la violencia ni desacreditar a las instituciones”, pero advirtió que cualquier represalia contra ella o su familia sería “ilegal y violatoria de derechos constitucionales”. Además, instó a los gobiernos extranjeros presuntamente implicados en las acusaciones de espionaje a pronunciarse oficialmente, pues —dijo— “se trata de un tema que trasciende la política interna y puede escalar a nivel internacional”.
Su publicación concluye con un llamado a la transparencia “llevada a su máxima expresión”, en respeto al pueblo cubano y al derecho de su familia a defender su honor.
La Fiscalía cubana, por su parte, confirmó este viernes que presentó acción penal pública contra Alejandro Gil y otros imputados tras culminar la investigación del Ministerio del Interior. La nota oficial —tan vaga como habitual en los comunicados del régimen— se limitó a confirmar que el caso ya fue trasladado a los tribunales y que se solicitaron sanciones de prisión “en correspondencia con los hechos cometidos”, sin ofrecer detalles ni calendario del juicio.
El caso Gil, que estalló tras su destitución en 2024, se ha convertido en uno de los mayores escándalos del castrismo reciente. La narrativa oficial intenta presentarlo como ejemplo de “cero impunidad”, pero cada nueva revelación —ahora con la voz de su propia hija— refuerza la percepción de opacidad, manipulación y crisis interna dentro del régimen.
