La hija del exministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, pidió públicamente a la Fiscalía General de la República ampliar la información sobre las graves acusaciones de espionaje formuladas contra su padre.
En una publicación en Facebook, Laura María Gil González exigió “transparencia total” en el proceso judicial y reclamó que el juicio se realice a puertas abiertas, transmitido en vivo por la televisión nacional, Cubavisión Internacional y con acceso a medios extranjeros, para que el pueblo pueda conocer de primera mano los detalles del caso.
La joven considera que el comunicado oficial emitido por la Fiscalía dejó “demasiados detalles sueltos” que solo “fomentan la especulación popular”. Por eso, enumeró una serie de puntos que, a su entender, las autoridades deben aclarar si el espionaje es la “piedra angular” del proceso: qué habría hecho exactamente Gil, a favor de qué país o países, desde cuándo, por qué canales de comunicación, qué recibió a cambio, dónde ocurrieron los presuntos encuentros, bajo órdenes de quién y qué tipo de información habría revelado.
Laura también pidió que se expliquen las supuestas “medidas propuestas por orden de otro Estado”, las pruebas concretas que sostienen esas acusaciones y hasta el seudónimo con el que presuntamente se identificaba su padre en las operaciones.
Además, exigió que los gobiernos extranjeros que supuestamente estarían implicados en la investigación emitan un pronunciamiento oficial, al considerar que se trata de una acusación “muy seria” que trasciende la política interna cubana y podría convertirse en un caso de alcance internacional.
La joven asegura que Alejandro Gil “se mantiene firme” y “no reconocerá bajo ninguna circunstancia ningún delito que no le sea debidamente verificado”. Respaldó sus demandas citando los artículos 48 y 54 de la Constitución cubana, que reconocen el derecho al honor y la libertad de expresión, y subrayó que el pueblo cubano “merece saber la verdad y las pruebas” que fundamentan la acusación.
Laura explicó que no había hablado antes por el “compromiso familiar de proteger la imagen del país” y evitar un descontento popular o un conflicto internacional, pero sostuvo que, si el Estado presume de aplicar una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entonces debe hacerlo “a su máxima expresión” en este caso.
Propuso que el juicio sea abierto a todos, incluidos medios oficiales, independientes y cadenas extranjeras, y remarcó que esa exigencia “no es solo mía, sino también de mi padre desde el primer día”.
En su mensaje, advirtió que su publicación “no es ofensiva ni incita a la violencia”, no revela secretos de Estado ni desacredita instituciones como el Ministerio del Interior, la Contraloría, la Fiscalía o la Presidencia. Pero alertó que cualquier represalia contra ella o su familia sería “ilegal y violatoria de los derechos humanos y constitucionales”.
Finalmente, reafirmó que se mantendrá “como testigo fiel” del proceso, atenta a sus desenlaces políticos y sociales dentro y fuera de Cuba.
Su pronunciamiento llega justo después de que la Fiscalía cubana confirmara que presentó acción penal pública contra Alejandro Gil y otros implicados, tras concluir la investigación realizada por el Ministerio del Interior.
La acusación incluye un amplio catálogo de delitos —espionaje, malversación, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, falsificación y evasión fiscal, entre otros— y la solicitud de sanciones de prisión “en correspondencia con los hechos cometidos”.
Sin embargo, la comunicación oficial no ofreció detalles sobre las pruebas ni sobre la fase judicial del proceso, manteniendo un hermetismo que ahora la hija del exministro cuestiona abiertamente y que pone al régimen en el centro de una creciente exigencia de rendición de cuentas y transparencia real.
