La expresentadora de la televisión cubana María Victoria Gil, hermana del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, reveló que la “petición fiscal” contra su hermano sería cadena perpetua, según le confirmó una “fuente cercana a la investigación”.
En declaraciones exclusivas a 14yMedio, María Victoria, quien reside en Canarias, aseguró que no intercederá por su hermano si se comprueba su culpabilidad. “Si Alejandro Gil ha sido capaz de traicionar sus principios, no dudaré en desear que caiga sobre él todo el peso de la ley”, afirmó, dejando claro el distanciamiento familiar tras el escándalo.
La exconductora confesó sentirse “dolida y avergonzada” por la situación. “Pienso en mis padres que, dondequiera que estén, estarán cubiertos de vergüenza. La formación que nos dieron a ambos fue basada en la honestidad y la justicia”, comentó, visiblemente afectada.
María Victoria calificó de “excepcional” la suma de delitos imputados a su hermano, entre ellos el de espionaje, que —recordó— “se castiga con la pena de muerte” en Cuba. Dijo no tener información sobre los demás implicados en el caso más allá de lo que transmitió la televisión estatal, ni tampoco noticias sobre su cuñada Gina María González o sus sobrinos, ya que, según confesó, los tiene “bloqueados” en redes sociales.
Mientras tanto, la maquinaria política del régimen activó en redes la etiqueta #CeroImpunidad, impulsada por dirigentes del Partido Comunista de Cuba (PCC) y organismos estatales, con el propósito de reforzar el discurso de “tolerancia cero” a la corrupción.
Entre los más activos se encuentra Susely Morfa González, primera secretaria del PCC en Villa Clara, quien aseguró que la Fiscalía actúa “fiel a los principios de la Revolución”. Mensajes similares repitieron otros cuadros provinciales como Deivy Pérez Martín (Sancti Spíritus), Marisol Fuentes Ferrer (Mayabeque), Isael Rodríguez (Villa Clara) y Ariday Anaya (Departamento Ideológico del PCC).
El Ministerio de Economía y Planificación (MEP), antiguo feudo de Gil, también se alineó con el mensaje oficial y declaró que “el enfrentamiento, transparencia y tolerancia cero a este tipo de manifestaciones que afectan a nuestro pueblo será siempre resuelto y contundente”. A su vez, el Ministerio de Finanzas y Precios repitió la misma línea, destacando la necesidad de mantener la “moral revolucionaria”.
Todo este operativo comunicacional acompaña la nota informativa de la Fiscalía General, publicada el 31 de octubre de 2025, que confirmó la conclusión de la investigación “conforme al Artículo 156 de la Constitución” y el traspaso del expediente a sede judicial.
La acusación contra el exministro incluye un extenso catálogo de delitos: espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, tráfico de influencias, infracción de normas de protección de documentos clasificados, y sustracción o daño de objetos bajo custodia oficial.
La Fiscalía sostiene que actúa “en representación del Estado” y ha solicitado penas “en correspondencia con los hechos cometidos”, aunque sin revelar detalles del calendario procesal ni de los demás imputados.
El despliegue de propaganda bajo la etiqueta #CeroImpunidad coincide con el caos dejado por el huracán Melissa, un contexto en el que el régimen busca reforzar su imagen de “orden institucional” y desviar la atención pública hacia el caso Gil.
La investigación, iniciada en marzo de 2024 tras su destitución, marca uno de los mayores escándalos políticos del castrismo en los últimos años, con un exministro convertido en símbolo de corrupción y un aparato estatal decidido a usarlo como chivo expiatorio en plena crisis nacional.
