Laura María Gil González, hija del exministro cubano de Economía Alejandro Gil Fernández, rompió su silencio y lanzó un mensaje directo al régimen: quiere un juicio “a puertas abiertas” para su padre, acusado de espionaje, malversación y otros delitos graves.
En una publicación que encendió las redes, la joven apeló a los artículos 54 y 48 de la Constitución cubana, los mismos que el propio gobierno viola cada día, para defender su derecho a hablar y el de su familia a proteger su honor. “No me he pronunciado antes —explicó— por el compromiso de proteger la imagen del país y evitar un descontento popular o un conflicto internacional”.
Su tono, sin embargo, fue más de reclamo que de justificación. Pidió transparencia total en el proceso y criticó abiertamente la falta de información en la nota oficial de la Fiscalía, que —según dijo— dejó “detalles sueltos” que solo han “fomentado la especulación popular”.
“El pueblo agradecería mucho más una ampliación de la noticia”, reclamó Laura María, insistiendo en que los cubanos tienen derecho a conocer cada detalle del caso de espionaje que el régimen ha lanzado sobre su padre, uno de los hombres que en su día formó parte del círculo más cercano al poder.
A través de su publicación, pidió además que el juicio sea público y televisado, con acceso de medios nacionales e internacionales, oficiales y no oficiales. “No solo yo lo exijo —escribió—, también mi padre lo ha pedido desde el primer día.”
Su declaración incluye un mensaje directo al aparato de poder: su publicación “no es ofensiva ni destructiva”, y cualquier intento de represalia sería una violación de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución que el régimen dice defender.
El mensaje de Laura María llega en medio de uno de los procesos más oscuros de los últimos tiempos en Cuba. Su padre, Alejandro Gil, fue detenido tras su destitución en febrero de 2024 y enfrenta cargos de espionaje, malversación, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y evasión fiscal, entre otros. La Fiscalía, bajo el control del Partido Comunista, ha pedido sanciones ejemplares y mantiene el caso en un silencio casi absoluto.
Hasta hace poco, Laura María trabajaba como especialista en el Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) y compartía en redes sus logros profesionales y momentos familiares. Pero su publicación marca un giro rotundo: la defensa pública de un hombre que, hasta hace poco, era símbolo del propio sistema que ahora lo acusa.
Mientras tanto, desde las Islas Canarias, María Victoria Gil, hermana del exministro y exconductora de la televisión cubana, confirmó al medio independiente 14ymedio que la Fiscalía habría pedido cadena perpetua para su hermano. “Si Alejandro Gil ha traicionado sus principios —dijo—, deseo que caiga sobre él todo el peso de la ley”.
Aun así, la mujer reconoció sentirse “dolida y avergonzada” y recordó que el delito de espionaje, uno de los más graves del código penal cubano, se castiga incluso con la pena de muerte. Desde España, aseguró no tener contacto con la esposa ni con los hijos del exministro.
El caso ha vuelto a sacudir la élite cubana. Este fin de semana, las redes del régimen impulsaron la etiqueta #CeroImpunidad, una campaña que intenta lavar la cara del gobierno mostrando supuesta “tolerancia cero” a la corrupción. Sin embargo, detrás del discurso oficial se esconde un aparato judicial controlado, sin transparencia ni garantías para los acusados.
El proceso contra Gil avanza sin calendario, sin juicio público y con un silencio mediático que solo rompe la voz de su hija, convertida ahora en símbolo de la contradicción: una defensora de la “transparencia revolucionaria” que el propio sistema le niega.
En un país donde todo se decide a puertas cerradas, la exigencia de Laura María Gil por un juicio público y televisado no solo desafía al poder, sino que deja al descubierto las grietas de un régimen que se tambalea entre su discurso moralista y su miedo a la verdad.
