Una vez más, el Gobierno cubano aplica su vieja receta de “ayuda” después de los desastres: anunciar descuentos en materiales de construcción y ofrecer créditos bancarios a quienes lo perdieron todo. Pero ya nadie se engaña. En Cuba, el problema no son los precios, sino la simple ausencia de materiales.
En provincias como Santiago de Cuba, miles de familias aún arrastran los destrozos del huracán Sandy, ocurrido hace más de una década. Siguen esperando por recursos que nunca llegaron. Ahora, tras el paso del huracán Melissa, la historia vuelve a repetirse: promesas, papeles, discursos… y los mismos puntos de venta vacíos.
El acuerdo fue publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria No. 65, mediante el Acuerdo 10247 del Consejo de Ministros, firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz el 31 de octubre de 2025.
Según el documento, el Presupuesto del Estado financiará el 50% del precio de los materiales de construcción para las familias con viviendas dañadas en Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Las Tunas. También se autoriza la solicitud de créditos bancarios, subsidios o asistencia social, y se garantiza que el Estado cubrirá la diferencia en la tasa de interés de los préstamos.
Pero la letra bonita del acuerdo contrasta con la realidad sobre el terreno. En los barrios más golpeados, los testimonios se repiten: no hay cemento, no hay tejas, no hay bloques. Las oficinas municipales están saturadas y los trámites se convierten en una carrera de obstáculos.
El huracán Melissa azotó el oriente cubano el 29 de octubre de 2025, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora e intensas lluvias que provocaron más de 16,000 viviendas afectadas, según las cifras oficiales. La tragedia dejó al descubierto, una vez más, la precariedad de las construcciones en la Isla y la incapacidad del Estado para responder a emergencias.
El Gobierno insiste en vender su medida como una muestra de “protección económica y social”, pero en la práctica es más de lo mismo. Las familias más pobres —las que quedaron literalmente en la calle— no pueden pagar ni siquiera la mitad del costo de los materiales, y mucho menos endeudarse con un banco.
En un país donde el salario promedio no cubre ni la canasta básica, hablar de créditos suena casi a burla. Lejos de ser una ayuda, estos préstamos se convierten en otra carga que el pueblo debe soportar mientras el régimen presume de “solidaridad socialista” ante las cámaras.
El acuerdo también ordena a los ministerios de Finanzas y Precios y de Comercio Interior crear mecanismos de control y otorgar “bonificaciones adicionales”, una promesa tan repetida como incumplida. En los municipios más afectados, el sentimiento general es de abandono y cansancio.
Como en cada tragedia natural, el castrismo responde con el mismo libreto: medidas a medias, burocracia y discursos vacíos. Pero lo que la gente necesita no es un descuento en algo que no existe, sino un país donde reconstruir no sea una utopía.
