Tras la imputación de Alejandro Gil Fernández, ex viceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación, el Partido Comunista de Cuba y organismos del gobierno no perdieron tiempo en mover sus fichas en redes sociales. La etiqueta #CeroImpunidad se convirtió en la bandera digital de un mensaje de “tolerancia cero a la corrupción”, mientras intentan mostrar que el aparato estatal sigue firme y limpio frente a los escándalos.
Entre los pronunciamientos más visibles, Susely Morfa González, primera secretaria del PCC en Villa Clara, se alineó con la Fiscalía y declaró que la actuación de los órganos judiciales es “fiel a los principios de la Revolución”, reforzando la consigna #CeroImpunidad. Mensajes casi idénticos llegaron desde Sancti Spíritus, Mayabeque y Villa Clara, firmados por cuadros del Partido, repitiendo la idea de que la dirección del régimen “nunca ha permitido ni permitirá la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad”.
Hasta el propio ministerio que Gil dirigía se sumó al coro oficial, subrayando que el enfrentamiento a la corrupción será “siempre resuelto y contundente”, mientras que Finanzas y Precios reforzó la narrativa de disciplina y vigilancia sobre cualquier acto que afecte al pueblo. Todo un despliegue mediático que busca controlar la percepción pública más que garantizar justicia real.
El contexto de esta campaña es la nota de la Fiscalía del 31 de octubre de 2025, que asegura haber dirigido la pesquisa “conforme al Artículo 156 de la Constitución” y haber garantizado el debido proceso durante las investigaciones realizadas por el MININT. Concluida la pesquisa, el caso pasó a sede judicial, sin que se revelen fechas ni detalles del trámite posterior.
Las acusaciones contra Gil son abrumadoras: espionaje, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos y daños a documentos oficiales, entre otros delitos. La Fiscalía enfatiza que actúa “en representación del Estado”, solicitando penas de prisión proporcionales a los hechos.
Sin embargo, mientras el país lucha contra los estragos del huracán Melissa, esta campaña de propaganda busca mostrar disciplina institucional y unidad del régimen en un momento de crisis, desviando la atención de los problemas reales que afectan a millones de cubanos: apagones, escasez de alimentos y combustibles, y deterioro de servicios básicos.
El caso de Alejandro Gil se remonta a marzo de 2024, tras su destitución y la apertura de un expediente por “graves errores”. Ese momento marcó un giro en su carrera: renunció al PCC, dejó su condición de diputado y enfrentó la narrativa del régimen sobre “mayor rigor e intransigencia” para los cuadros en los que se deposita confianza. Su caída coincidió con un año de profunda crisis económica, en el que el propio Gil admitió públicamente incumplimientos productivos y el fracaso de la Tarea Ordenamiento respecto a sus objetivos.
Hoy, con los cargos formalizados y el expediente en manos del tribunal, el proceso queda pendiente de actuaciones judiciales. Pero mientras tanto, la campaña #CeroImpunidad funciona más como un escudo de propaganda que como una garantía de justicia, recordando a los cubanos que, bajo el régimen, la transparencia y la rendición de cuentas siempre están subordinadas a la supervivencia política del Partido.
