El régimen cubano vuelve a mostrarse en su máxima contradicción. Esta vez, a través de un supuesto vocero identificado como Salvador Capote, quien aseguró en redes sociales que en Cuba “no hay sistema judicial corrupto ni fuerzas represivas”, justo cuando el país entero comenta el escandaloso proceso penal contra el ex viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, acusado de espionaje, corrupción y traición.
En una publicación en Facebook titulada “¡La trampa está puesta! ¡No caigamos en ella!”, Capote intentó lavar la cara del sistema judicial cubano, defendiendo el trabajo del Ministerio del Interior (MININT) y de la Fiscalía General de la República, instituciones directamente subordinadas al Partido Comunista. Según él, la investigación contra Gil fue “exhaustiva y transparente” y los oficiales que la llevaron a cabo gozan de “integridad incuestionable”.
El mensaje, que rápidamente fue amplificado por cuentas y páginas vinculadas al oficialismo, llega justo después de que la Fiscalía confirmara que ejerció acción penal pública contra Gil y otros funcionarios, amparándose en el artículo 156 de la Constitución. El régimen asegura que se respetó “el debido proceso”, aunque hasta ahora nadie ha visto una sola prueba ni detalle del expediente.
Las acusaciones son graves: espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos, falsificación de documentos, tráfico de influencias, evasión fiscal, entre otras imputaciones que, de ser ciertas, retratarían el grado de podredumbre dentro del propio aparato del poder.
Como respuesta al escándalo, el régimen activó de inmediato la campaña digital #CeroImpunidad, impulsada por figuras del Partido Comunista como Susely Morfa, conocida como “la psicóloga millonaria”, y otros dirigentes provinciales, que intentan pintar la corrupción como una excepción dentro de un sistema supuestamente “puro y revolucionario”. Todo un esfuerzo de propaganda para contener el daño político y mantener el discurso de unidad.
Pero el relato oficial comenzó a resquebrajarse con la intervención de la propia familia del exministro. Laura María Gil González, hija de Alejandro Gil, rompió el silencio en redes y pidió públicamente que el juicio contra su padre sea televisado y accesible al pueblo cubano. “El pueblo agradecería mucho más una ampliación de la noticia”, escribió, cuestionando la falta de transparencia del proceso y reclamando el derecho constitucional a la defensa y a la libertad de expresión.
Desde Canarias, su tía, María Victoria Gil, exconductora de la televisión cubana, reveló a 14ymedio que la Fiscalía pide cadena perpetua para el exministro y confesó sentirse “dolida y avergonzada”. “Si Alejandro Gil traicionó sus principios, que caiga sobre él todo el peso de la ley”, declaró, aunque admitió desconocer la situación actual de los familiares directos del acusado.
El caso de Alejandro Gil ha puesto al régimen contra las cuerdas. El hombre que durante años fue la cara de las reformas económicas y el portavoz del llamado “ordenamiento monetario”, terminó convertido en símbolo del colapso moral y financiero del castrismo. Ahora, los mismos que lo aplaudían lo usan como chivo expiatorio para justificar el desastre económico nacional.
Mientras tanto, los voceros del poder repiten el viejo guion de siempre: defender al sistema, negar la corrupción estructural y culpar al “enemigo externo” de cualquier duda o reclamo de transparencia.
Pero en una Cuba cada vez más harta de apagones, inflación y mentiras oficiales, la frase “en Cuba no hay sistema judicial corrupto” suena como una burla. Porque el pueblo sabe que no existe justicia independiente en un país donde los jueces responden al Partido, y las sentencias se dictan antes de los juicios.
Si el proceso contra Gil llega a transmitirse públicamente —como exige su hija— podría ser un punto de inflexión. No solo pondría a prueba la “justicia” revolucionaria, sino también la capacidad del régimen para sostener su propio teatro ante un pueblo que ya no le cree ni una palabra.
