La activista cubana Gretell Salermo denunció este domingo que fumigadores estatales están cobrando hasta 1,000 pesos por vivienda en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, según un audio que recibió desde la isla y compartió en sus redes sociales.
“Acabo de escuchar un audio desde Cuba. Los fumigadores ‘del Estado’ están cobrando mil pesos por fumigar la casa. Esa es la tarifa de Arroyo Naranjo, no sé en otros lugares”, escribió Salermo en Facebook, provocando una ola de comentarios que confirmaron la práctica en varias provincias del país.
Decenas de usuarios afirmaron que el cobro se ha vuelto algo común, incluso en zonas donde el gobierno asegura que las campañas sanitarias son gratuitas.
Uno de ellos, Yonimiler del Río Polo, aseguró que la orden “viene del poder popular”, que indica a las comunidades que deben “poner el combustible para la fumigación”. “Es una falta de respeto”, añadió, reflejando el malestar generalizado.
Otros internautas denunciaron que en San Miguel del Padrón el costo puede alcanzar los 2,000 pesos, y que en ocasiones “los fumigadores llegan borrachos”. En Holguín, Santa Clara y Camagüey, según los testimonios, los precios oscilan entre 1,800 y 2,500 pesos, dependiendo del tamaño de la vivienda o del “trato” con el fumigador.
“Yo lo pago mil hoy, son como 50 hace 15 años”, ironizó un usuario identificado como Enrick Pérez, mientras Dailys Iralis Serrano confirmó haber pagado 2,500 pesos por el servicio.
La indignación se repite entre los comentarios. “Mucho humo y no mata nada”, escribió Soraya Quintero, y Idania Izquierdo calificó la situación como “lucrar con las necesidades del pueblo”.
Las denuncias llegan en medio de una grave crisis sanitaria nacional, marcada por el aumento de casos de dengue, chikungunya y oropouche, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Aunque el régimen asegura estar desarrollando campañas efectivas de fumigación, la población señala corrupción, falta de control y total ineficacia en las acciones.
En muchos barrios, los vecinos aseguran que los fumigadores solo actúan si se les paga o si se les entrega combustible, dejando fuera a las familias más pobres, que quedan sin ninguna protección ante el avance del brote.
Estas denuncias dejan al descubierto el caos y la desorganización del aparato estatal, así como el contraste entre la propaganda oficialista y la realidad diaria de los cubanos, que siguen pagando de su bolsillo lo que el régimen promete ofrecer “gratuitamente”.
