El Gobierno cubano confirmó que intervendrá en la distribución de los tres millones de dólares en ayuda gestionados desde Estados Unidos para los damnificados por el huracán Melissa, en un gesto que vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre solidaridad internacional y control estatal.
Según el MINCEX, la asistencia, proveniente del Servicio Católico de Ayuda de Estados Unidos (Catholic Relief Services) y la Arquidiócesis de Miami, “se coordinará con las autoridades cubanas para una entrega rápida y efectiva”. El comunicado subraya la experiencia histórica de La Habana en la cooperación con la Iglesia Católica en labores humanitarias, aunque no detalló el grado exacto de participación que tendrá el Estado en la distribución.
El mensaje oficial coincide con la confirmación de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC), que junto con Cáritas Nacional aseguró que se están dando los pasos necesarios para coordinar la llegada y entrega de los recursos, en coordinación con todas las partes involucradas. La intervención gubernamental genera preocupación, ya que la Administración estadounidense había expresado su intención de que la ayuda no pasara por intermediarios estatales, con el fin de llegar directamente a las familias afectadas.
En la práctica, los precedentes muestran que el control estatal puede retrasar o limitar la distribución de asistencia internacional, especialmente cuando proviene de entidades religiosas o actores vinculados a Estados Unidos. Mientras tanto, miles de cubanos en las provincias orientales siguen enfrentando inundaciones, viviendas destruidas y falta de servicios básicos tras el paso del huracán.
El donativo a Cuba forma parte de un paquete regional de 24 millones de dólares en asistencia humanitaria para los países del Caribe afectados por Melissa, que incluye refugio, agua potable, alimentos, atención médica e insumos de higiene. La distribución aprobada por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio asigna 12 millones para Jamaica, 8,5 millones para Haití, tres millones para Cuba y 500.000 dólares para Bahamas.
El desafío ahora será garantizar que la ayuda llegue realmente a quienes la necesitan, más allá de protocolos y supervisión gubernamental, en un contexto donde la población todavía lucha por recuperarse del desastre natural y la escasez crónica de recursos.
