El ex ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, enfrentará en los próximos días un juicio que promete ser uno de los más tensos y opacos de la era Díaz-Canel. Acusado de espionaje, malversación, lavado de activos y otros graves delitos, el proceso incluye a más de una veintena de imputados, entre ellos —según una fuente cercana al caso— un diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y un secretario del Partido Comunista.
El informante, que pidió el anonimato por motivos de seguridad, asegura que la Fiscalía no ha solicitado cadena perpetua para Gil, como se había rumorado, sino una condena de 30 años de prisión. Para los demás acusados, las peticiones oscilan entre 15 y 25 años, aunque varios de ellos estarían bajo estrictas medidas de silencio. “Hay nombres que no se pueden mencionar; son militares o altos jefes”, explicó.
Según la fuente, Gil permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, bajo “régimen contra la seguridad del Estado”. Es el mismo penal donde cumple condena el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, y donde en 1989 murió el ex ministro del Interior José Abrantes.
Todo indica que el juicio será a puerta cerrada, pese a los reclamos públicos de Laura María Gil González, hija del ex ministro, quien exigió en redes un proceso “transparente, televisado y abierto al público”. En sus publicaciones, la joven aseguró que su padre “se mantiene firme en su defensa y no reconocerá delitos que no le sean debidamente comprobados”.
Juristas consultados por medios independientes consideran que la inclusión del delito de espionaje —uno de los más graves del Código Penal cubano y que incluso contempla la pena de muerte— es una maniobra legal para justificar la falta de transparencia del proceso. La abogada María Victoria Gil, hermana del ex ministro, coincide con esa interpretación: “Ese cargo lo han traído por los pelos para poder celebrar el juicio en secreto, alegando motivos de seguridad nacional”.
Vicky Gil, quien había evitado pronunciarse públicamente, ahora admite sus dudas: “Estoy escéptica con todo, pero creo que la única forma de saber la verdad es con un juicio público y con prensa internacional presente”.
Este miércoles, Laura María volvió a referirse al caso en su muro de Facebook, tras la emisión del programa oficialista Con Filo, que mencionó el tema sin profundizar. “Finalmente, un medio oficial reconoce, a su manera, lo que significa la presunción de inocencia”, escribió la joven, al tiempo que lamentó los insultos recibidos, algunos de ellos calificándola de “traidora”. “Defender a un padre con amor y justicia no puede ser motivo de odio”, añadió.
Las publicaciones de Laura María han generado un fuerte debate entre los cubanos dentro y fuera de la Isla. Algunos le reprochan no haber alzado la voz cuando otros presos políticos sufrieron juicios arbitrarios, mientras otros, incluso críticos del gobierno, defienden su derecho a pedir justicia. “Aun sin coincidir con nada de lo que defendió tu papá, reconozco tu derecho a exigir un proceso justo. Eso es democracia”, escribió un usuario identificado como Dyrack Yai.
Hasta su destitución en febrero de 2024, Alejandro Gil era viceprimer ministro y mano derecha de Miguel Díaz-Canel, pieza clave en la gestión económica del régimen y arquitecto del llamado “ordenamiento monetario”, una reforma que hundió aún más el poder adquisitivo de los cubanos.
La caída del entonces “zar de la economía” comenzó en marzo de 2024, cuando el propio Díaz-Canel anunció que enfrentaría un proceso penal por “graves errores en el desempeño de sus funciones”. Veinte meses después, la Fiscalía reveló una larga lista de cargos: espionaje, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos, entre otros.
Con el juicio ya en preparación y los medios oficiales en silencio, el caso de Alejandro Gil se perfila como una bomba política de alto riesgo para el régimen, que intenta equilibrar la narrativa de “mano dura contra la corrupción” con la de “unidad y disciplina dentro del Partido”. Pero lo cierto es que, detrás del secretismo y las acusaciones de espionaje, se esconde una batalla interna por el poder y el control del aparato económico del país.
