María Victoria Gil, hermana del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, sorprendió recientemente con una revelación sobre el proceso judicial que enfrenta su hermano. En conversación con CiberCuba, aseguró que la defensa está en manos de “el mejor penalista de Cuba”, el doctor Luis Solá Vila, un nombre con peso dentro del mundo jurídico de la isla, pero también profundamente vinculado al propio sistema que ahora lo juzga.
El abogado del régimen que ahora defiende a un caído
Solá Vila no es un abogado cualquiera. Es presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional Público, miembro fundador de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) y profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana, donde incluso fue decano. Además, representó a Cuba ante Naciones Unidas en Ginebra y trabajó como asesor jurídico del Consejo de Ministros, del Ministerio de Comunicaciones y de otras instituciones del Estado.
Su trayectoria lo coloca entre los juristas más reconocidos del país, pero también como uno de los más leales al discurso oficial. En 2018, por ejemplo, defendió públicamente el sistema político cubano como un modelo de “democracia participativa distinta al de otras naciones”, y celebró las elecciones parlamentarias de ese año como “una nueva victoria de la Patria y el Socialismo”.
Un año después, en foros internacionales, respaldó la política exterior del régimen y acusó a Estados Unidos de violar los principios de la Carta de la ONU. No en vano, en 2017 la UNJC le otorgó el Premio Nacional de Derecho Carlos Manuel de Céspedes, el máximo galardón que concede la organización a los juristas más “destacados y comprometidos” con el sistema.
Un caso tan político como peligroso
El proceso judicial contra Alejandro Gil Fernández se ha convertido en uno de los más explosivos y delicados de los últimos años. Desde su destitución en febrero de 2024, el exministro enfrenta cargos que van desde espionaje y malversación hasta cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos. La Fiscalía, según revelan filtraciones, habría solicitado incluso cadena perpetua.
Para muchos observadores, la designación de Solá Vila como defensor parece una jugada del propio aparato judicial: poner a un hombre del sistema a representar a otro hombre del sistema caído. La hermana del exministro, radicada en Canarias, confesó su miedo: “Temo por su vida. Perfectamente puede amanecer muerto en la cárcel”.
Sin justicia independiente
El caso, más allá del drama familiar, desnuda el funcionamiento interno de la justicia cubana. En Cuba, los tribunales no son independientes: están subordinados al Partido Comunista, y los juicios con implicaciones políticas se manejan desde la lógica del castigo ejemplar.
Aunque María Victoria confía en la pericia técnica del abogado, su propio hijo —penalista en España— fue tajante: “Mamá, no te hagas ilusiones. ¿Qué puede hacer el doctor Solá ante una decisión política?”.
La pregunta resume la tragedia. Porque Solá Vila, pese a su experiencia y prestigio, es un producto del mismo sistema que ahora decide el destino de su cliente. Un sistema que no perdona a los suyos cuando dejan de ser útiles.
Mientras tanto, Laura María Gil González, hija del exministro, ha pedido que el juicio sea televisado y público. Reclama transparencia, aunque en Cuba —como bien sabe su familia—, la justicia suele dictarse a puerta cerrada y con el veredicto escrito de antemano.
