El exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, destituido el 2 de febrero de 2024 y bajo investigación desde el 7 de marzo de ese mismo año, enfrenta dos procesos judiciales separados, uno de ellos por espionaje, delito por el cual la Fiscalía cubana solicita cadena perpetua.
Fuentes consultadas revelaron que este juicio se celebrará a puerta cerrada en el Tribunal Supremo Popular, en un intento del régimen de mantener bajo absoluto hermetismo los detalles del caso.
El segundo proceso judicial abarca el resto de los delitos que pesan sobre el exministro y un número aún indefinido de acusados, entre los que podrían figurar figuras del propio Partido Comunista. Este juicio, según las mismas fuentes, sí podría ser público.
Además de espionaje, Gil Fernández está acusado de malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias, sustracción de documentos y violación de normas sobre información clasificada, entre otros cargos graves que lo convierten en uno de los funcionarios de más alto rango en caer en desgracia desde los tiempos de Carlos Lage y Felipe Pérez Roque.
De acuerdo con 14yMedio, junto a Gil irían a juicio una veintena de implicados, para quienes la Fiscalía pide penas mínimas de 15 años de prisión, mientras que al exministro se le solicitan 30 años o incluso cadena perpetua. Entre los encartados habría un diputado de la Asamblea Nacional y un primer secretario provincial del PCC, aunque esta información no ha podido ser confirmada de manera independiente.
La propia hermana del exministro, la conocida presentadora María Victoria Gil Fernández de Ayala, aseguró a CiberCuba que desconoce quiénes integran el resto de los imputados, lo que muestra el nivel de secretismo que rodea el caso.
La caída de Gil Fernández se produce en un contexto de purga interna dentro del Partido Comunista, con múltiples destituciones en los últimos meses. Solo entre febrero y abril de 2024 fueron removidos varios primeros secretarios del PCC en provincias clave como Cienfuegos, Matanzas, La Habana, Las Tunas, Ciego de Ávila y Holguín.
Durante 2025, los cambios continuaron: fueron cesados Walter Simón (Las Tunas), Yuniasky Crespo (Mayabeque) y Osnay Colina (Villa Clara), aunque las notas oficiales, fieles al guion del régimen, aseguran que todos ellos “pasarán a ocupar nuevas responsabilidades”.
El caso de Alejandro Gil se perfila como uno de los procesos políticos más delicados y explosivos de los últimos años en Cuba, donde el espionaje —más allá de sus implicaciones legales— apunta a fracturas internas dentro del poder, en medio de la crisis económica más severa en décadas.
