Las recientes declaraciones del exespía René González, uno de los integrantes de la tristemente célebre Red Avispa, han vuelto a encender la polémica en torno al proceso judicial contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, actualmente bajo investigación por espionaje, malversación y lavado de activos.
En un extenso mensaje publicado en redes sociales, González pidió que el juicio sea “público, abierto y transparente”, algo que suena casi subversivo viniendo de un hombre formado dentro del propio aparato de inteligencia cubano. Su reclamo, más allá de las formas, deja al descubierto las fisuras internas del régimen y el desgaste del sistema judicial controlado por el Partido Comunista.
González, condenado en Estados Unidos en 1998 por infiltrar organizaciones del exilio, conserva un aura simbólica dentro del oficialismo. Su figura suele aparecer en momentos precisos, cuando el poder necesita proyectar la ilusión de debate interno o lanzar mensajes cuidadosamente dirigidos a sectores descontentos dentro del sistema.
Esta vez, su intervención llega en medio de un profundo malestar popular y una desconfianza creciente hacia la Fiscalía y los tribunales, que han mantenido bajo un férreo silencio los detalles del caso contra Gil Fernández. El exministro fue destituido en febrero de 2024, y pocos meses después se anunció la apertura de un expediente por “graves irregularidades”. Desde entonces, la maquinaria propagandística del régimen se ha empeñado en presentar el caso como una muestra de su supuesta “lucha contra la corrupción”.
Pero nadie se traga el cuento. La falta de información, el secretismo y la repentina caída en desgracia de quien hasta hace poco era uno de los hombres de más confianza de Miguel Díaz-Canel, refuerzan la idea de que no se trata de justicia, sino de un ajuste de cuentas político.
El propio González lo dejó entrever en su texto al recordar la importancia de la presunción de inocencia y advertir que “no estamos en condiciones de pedir a la gente que crea por fe”. Una frase contundente que, sin romper del todo con la ortodoxia, refleja el descrédito absoluto de las instituciones.
Eso sí, el exespía cuidó no pasarse de la raya. Cerró su mensaje pidiendo no “dispararnos los unos a los otros dentro de la misma trinchera”, dejando claro que su lealtad al sistema sigue intacta. Esa dualidad —crítica controlada y fidelidad al régimen— forma parte de una estrategia bien conocida: la de permitir ciertos gestos de aparente disidencia para canalizar el malestar social sin poner en riesgo el poder real.
Durante los últimos años, figuras como el propio González o el trovador Israel Rojas, de Buena Fe, han incorporado términos del discurso opositor —como el “bloqueo interno”— en un intento de simular pluralidad dentro del discurso oficial. Pero al final, todo responde a una misma lógica: mantener el control narrativo y desactivar las críticas más profundas.
El caso de Gil Fernández es una muestra clara de cómo el régimen usa la justicia como herramienta política. En Cuba no hay independencia judicial: la Fiscalía, los tribunales y la Seguridad del Estado obedecen a una misma cadena de mando. Los procesos contra altos funcionarios suelen tener fines ejemplarizantes, diseñados para disciplinar al aparato burocrático y lavar la imagen del gobierno ante la crisis.
No es la primera vez que el castrismo recurre a estos espectáculos. Basta recordar las Causas 1 y 2 de 1989, que terminaron con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, utilizadas por Fidel Castro para reafirmar su autoridad en medio de escándalos de corrupción y narcotráfico en las Fuerzas Armadas.
Hoy, más de tres décadas después, el expediente de Gil Fernández cumple el mismo papel: proyectar rigor institucional en medio del caos económico y del creciente descontento popular. Mientras su familia insiste en su inocencia y pide un juicio abierto, la prensa oficial lo exhibe como chivo expiatorio de todos los males.
En ese contexto, las palabras de René González son una señal clara de que hasta dentro de la trinchera oficialista hay fisuras. Su llamado a la transparencia no busca desmontar el sistema, sino salvarlo del colapso moral que lo devora por dentro.
