El régimen cubano recibirá 11 millones de dólares de ayuda humanitaria gestionados por la ONU, como parte del Plan de Acción creado para enfrentar la emergencia que dejó el huracán Melissa en la isla.
El Ministerio del Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) anunció que los fondos están siendo canalizados por las agencias del sistema de Naciones Unidas que operan en Cuba, entre ellas la OPS, UNICEF, PNUD, PMA y UNFPA.
Según la publicación oficial, el plan contempla 74 millones de dólares en asistencia inmediata, destinados a más de un millón de personas afectadas, especialmente en Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo.
El régimen, que intenta vender esta operación como un logro propio, en realidad está dependiendo totalmente del respaldo internacional. La ONU ha asumido la mayor parte del esfuerzo logístico y humanitario, mientras el Estado cubano se limita a figurar en las fotos y emitir comunicados triunfalistas.
De acuerdo con el MINCEX, ya han llegado los primeros recursos adicionales a los que las agencias internacionales tenían preposicionados, y en los próximos días arribarán nuevos cargamentos con suministros de emergencia.
Los fondos de Naciones Unidas están dirigidos a garantizar alimentos, medicinas, agua potable, energía y refugio temporal, además de apoyar la rehabilitación de servicios básicos en las zonas devastadas por las inundaciones y los derrumbes.
Durante las últimas semanas, las agencias de la ONU han liderado la distribución de alimentos, kits de higiene, lámparas solares y sistemas fotovoltaicos, además de instalar almacenes móviles en Granma y Santiago de Cuba para asegurar el almacenamiento de los suministros.
La OPS y el UNFPA han enviado medicamentos y artículos sanitarios, mientras el Programa Mundial de Alimentos (PMA) continúa distribuyendo arroz, chícharos y aceite en los centros de protección levantados tras el paso del huracán.
Sin embargo, el intento del régimen de presentar esta ayuda como parte de una “coordinación nacional” es una farsa evidente. Sin la intervención directa de la ONU, la respuesta estatal habría sido un completo desastre, como ha ocurrido en otras emergencias donde la burocracia, la corrupción y la falta de recursos paralizan cualquier acción efectiva.
Con este nuevo desembolso, el Gobierno busca disimular su insolvencia financiera y su incapacidad logística, en medio de una crisis económica y social que sigue hundiendo al país.
Mientras tanto, la ayuda internacional continúa llegando por aire y por mar, gestionada directamente por las agencias de Naciones Unidas, que se han convertido en el verdadero sostén de la población afectada, ante un Estado que hace tiempo perdió la capacidad —y la voluntad— de responder a las necesidades del pueblo.
