El Alejandro Gil Fernández, exministro cubano de Economía y Planificación, será llevado a juicio este martes 11 de noviembre, a las 9:30 a.m., en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular. Así lo anunció oficialmente el tribunal este lunes, alegando motivos de “Seguridad Nacional” que restringirán el acceso al público: solo las partes y personas autorizadas podrán asistir.
El alcance de las acusaciones resulta escandaloso para los estándares cubanos: Gil Fernández enfrenta cargos que abarcan espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de dinero, tráfico de influencias, falsificación de documentos públicos y otras irregularidades graves. La Fiscalía pide, en el proceso más severo, la cadena perpetua.
El exministro había sido destituido el 2 de febrero de 2024, y su caso comenzó a investigarse formalmente desde el 7 de marzo de 2024, en el marco de una campaña oficial contra la “corrupción” en medio de profundas crisis económica y social en la isla.
Lo inusitado de este proceso no es solo la envergadura de los cargos, sino que Gil fue hasta hace poco una figura clave del poder cubano: fue ministro desde 2018, y asumió la viceprimacía del gobierno en 2019. Fue además rostro visible de la polémica “Tarea Ordenamiento” (2021), reforma que pretendía eliminar la dualidad monetaria y fue interpretada por muchos analistas como factor de agravamiento de la crisis.
El hecho de que su juicio se realice con carácter reservado, bajo el argumento de “Seguridad Nacional”, y que apenas se conozcan los detalles del expediente, alimenta fuertes sospechas de que se trata menos de justicia que de un ajuste de cuentas interno del régimen cubano. Analistas apuntan que la caída de Gil podría servir como advertencia a otros miembros del poder que atraviesan una situación de debilidad ante el colapso económico estructural de la isla.
Por su parte, la hija del jefe acusado, Laura María Gil González, se mostró públicamente exigiendo que el juicio sea público, televisado y con transparencia real, preguntando al régimen cuáles fueron las “medidas concretas”, “órdenes de qué país”, “qué pruebas existen”, o “cuál era su seudónimo” en el supuesto delito de espionaje.
El proceso se divide en al menos dos vertientes distintas: una por espionaje, que se presume se celebrará a puerta cerrada; otra por delitos económicos y corrupción, en la que podrían figurar además una veintena de imputados, incluyendo, según fuentes, hasta un diputado y un primer secretario provincial del partido, aunque sus nombres no han sido revelados oficialmente.
