En Cuba, hablar con sinceridad en redes sociales puede costarte caro. Y eso lo sabe muy bien William Sosa, un cubano de Las Tunas que fue citado por las autoridades luego de publicar en sus redes sociales varias reflexiones críticas sobre la situación del país. La noticia se dio a conocer gracias a una denuncia pública realizada por su propio hijo, Miguel Sosa, quien usó el perfil de su padre en Facebook para contar lo sucedido y pedir apoyo.
“Su único delito fue pensar y escribir”, escribió el joven en un mensaje que rápidamente comenzó a circular por toda la red. En su publicación, Miguel describió a su padre como un hombre respetuoso, analítico y comprometido con el bienestar de su país, pero que ahora se encuentra bajo investigación simplemente por expresar lo que muchos piensan en silencio.
La familia vive momentos de angustia y preocupación, pues temen las consecuencias de esta citación. “Hay un hogar que lo necesita, que lo espera, y que desde este momento sufre una angustia terrible por esta situación”, escribió Miguel, dejando ver la desesperación de quienes sienten que un simple post puede poner en riesgo la libertad de un ser querido.
Según lo que se comenta en las redes, William Sosa fue acusado de “desobediencia”, una figura del Código Penal cubano recogida en los artículos 186 y 189. Esta puede implicar penas de prisión de seis meses a dos años o multas elevadas. Para respaldar su denuncia, la familia compartió una citación oficial que prueba que las autoridades lo habían requerido antes de su arresto.
Este caso no es un hecho aislado. Cada vez son más los cubanos que enfrentan represión por expresarse en el espacio digital. En los últimos meses, las redes sociales —que alguna vez fueron un escape o un desahogo— se han convertido en territorio de vigilancia y castigo. Basta con criticar los apagones, hablar del desabastecimiento o cuestionar decisiones del gobierno para atraer la atención de las autoridades.
No hace mucho, otro ciudadano en Santa Clara fue detenido tras publicar comentarios sobre los apagones, y su caso fue interpretado como una “amenaza al orden público”. Hechos como este confirman que, en Cuba, el simple acto de opinar puede ser visto como una provocación política.
Bajo nuevas normativas, conocidas popularmente como “leyes mordaza”, el régimen ha endurecido el control sobre la libertad de expresión en internet, castigando desde publicaciones políticas hasta simples reflexiones personales. Estas leyes permiten multas, decomisos y hasta prisión para quienes “perturben el orden” con sus opiniones.
La historia de William Sosa vuelve a poner sobre la mesa una dura realidad: en Cuba, escribir lo que se piensa puede convertirte en delincuente. Su familia, mientras tanto, sigue esperando justicia y pide algo tan básico como poder pensar libremente sin miedo a ser castigado.
Porque, al final, como escribió su hijo, “pensar no debería ser un delito, pero en Cuba parece que lo es”.
