El juicio contra el exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, terminó este jueves en La Habana envuelto en el mismo hermetismo con el que empezó. Todo ocurrió a puertas cerradas, sin prensa, sin transparencia y bajo una vigilancia férrea que, por sí sola, ya revela el carácter político del proceso.
El juicio se celebró en el Tribunal de Marianao, bajo la supervisión del Tribunal Supremo Popular, y quedó “concluso para sentencia”, según confirmó el periodista Mario J. Pentón. Lo que no confirmó nadie del régimen, porque silencio es lo único que sale de las instituciones cuando la causa toca los cimientos del poder.
Gil enfrenta un rosario de acusaciones que van desde espionaje y lavado de activos hasta cohecho, malversación, evasión fiscal y “actos en perjuicio de la actividad económica”. Delitos que, en un país donde la corrupción es estructural, son más comunes en la nomenclatura que el azúcar prieta en la bodega.
La familia del exministro denunció el secretismo total. Su hermana, María Victoria Gil, habló con el youtuber Darwin Santana y describió un proceso blindado por un operativo de seguridad que impidió el acceso de casi todos los familiares. “No se le permitió entrar a mi sobrina, solo a mi sobrino, y no ha dicho absolutamente nada”, contó entre lágrimas.
Aseguró que el juicio fue un teatro cerrado, sin la menor apariencia de transparencia. Y aunque dijo respetar al presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, y al abogado defensor Abel Solá, confesó que entró al proceso con una fe que se le fue desmoronando. Esperaba un sobreseimiento por falta de pruebas; lo pidió a Dios. Pero Dios, en Cuba, no tiene jurisdicción sobre los tribunales del Partido.
María Victoria cree que el destino de su hermano ya está decidido. Lo dijo sin rodeos: “Pienso, para mal, que es una sentencia ya dictada. Dios quiera que me equivoque.” Entre las posibilidades reales, mencionó una condena muy alta o una reducción mínima de la petición fiscal, pero jamás la absolución. Ella misma reconoce que esperar eso sería “como pedirle a Dios algo imposible”.
El caso de Alejandro Gil llega en el peor momento para el régimen, hundido en una crisis económica, sanitaria y política que ya no pueden maquillar ni con propaganda. Por eso el silencio oficial no sorprende. Ningún medio estatal ha publicado detalles del proceso, ni de las pruebas, ni de la postura de la Fiscalía. No hacen falta: en Cuba, cuando el juicio es “contra la seguridad del Estado”, la sentencia se escribe antes del juicio.
Este proceso parece más un mensaje interno que un acto de justicia. Un recordatorio para los que están arriba de que la caída se castiga más que el delito. Y un aviso para el resto del país de que, incluso cuando uno de los suyos cae en desgracia, el régimen no suelta ni un hilo del control.
La familia de Gil se aferra a una esperanza mínima, porque es lo único que les queda. Pero saben que están frente a un sistema que no ofrece ni transparencia, ni justicia, ni piedad. Solo obediencia.
